Roma, Lacio – Más de 100.000 personas salieron a marchar este viernes en al menos 50 ciudades de Italia para repudiar el plan económico del gobierno de Giorgia Meloni. La protesta apuntó de lleno contra el aumento del presupuesto bélico frente al deterioro salarial y la pérdida del poder de compra.
Los reclamos se concentraron en Roma, Milán, Nápoles y Turín. Las columnas sumaron a trabajadores, estudiantes, jubilados y pequeños agricultores en medio de un amplio despliegue de las fuerzas de seguridad.
La convocatoria partió de la Unión Sindical de Base (USB) e incluyó una huelga en hospitales y en el transporte público. La medida desafió la orden del ministro de Transportes, Matteo Salvini, quien había prohibido el paro para evitar problemas de circulación en el feriado del Día de los Difuntos.
La pérdida constante en los ingresos y los recortes presupuestarios en las escuelas y universidades públicas para financiar armamento marcaron el pulso del reclamo. En las calles, los manifestantes resumieron su exigencia en una consigna:
“Menos armas y más salarios.”
El rechazo a las prioridades del Ejecutivo también se hizo visible en el lema principal que encabezó las marchas:
“No a la economía de guerra.”
Para controlar las manifestaciones, el gobierno prohibió el uso de cascos y capuchas. En Roma, la policía rodeó monumentos como el Coliseo, mientras que en Milán unos 500 militares patrullaron las avenidas principales para evitar incidentes.
La presencia de las fuerzas de seguridad respondió a los choques registrados dos semanas atrás en territorio milanés, donde una protesta terminó con 20 manifestantes y cuatro agentes heridos, además de medio centenar de jóvenes bajo arresto.
Aunque la mayoría de las columnas avanzó sin mayores incidentes hasta las primeras horas de la tarde, en Turín hubo enfrentamientos directos entre la policía antimotines y los manifestantes. Los incidentes se repitieron a menor escala en otras localidades del país.
Dos días antes de la jornada de lucha, Meloni presentó el proyecto de presupuesto para frenar la presión popular. Su propuesta fija rebajas fiscales a la clase media y a los autónomos, fondos para la salud y 175,2 millones de euros en subsidios a los combustibles para transportistas, pescadores y campesinos.
Para costear estas medidas, el gobierno planteó gravar las ganancias de los bancos y de las empresas aseguradoras. Sin embargo, los sindicatos rechazaron el plan porque entienden que no frena la caída de los ingresos y mantiene intacta la compra de armas.
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