Puerto Iguazú, Misiones – Una denuncia penal radicada ante la Justicia Federal argentina abrió una investigación formal por presunta prevaricación y tráfico de personas, tras detectarse maniobras para facilitar la fuga del senador brasileño Flávio Bolsonaro a través de la frontera de la provincia de Misiones.
La acción judicial fue presentada por la diputada Marcela Pagano para esclarecer la complicidad de funcionarios del Estado y la habilitación de infraestructura pública en el cruce ilegal del parlamentario, en un episodio que desató una inmediata crisis política e institucional en el país.
Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y figura clave del sector político derrotado en las urnas en 2022, enfrenta múltiples investigaciones judiciales en su país y tiene una prohibición formal de salida decretada por el Supremo Tribunal Federal de Brasil.
Las actuaciones señalan que el legislador cruzó por vía terrestre hacia Puerto Iguazú. En la terminal aérea de esa ciudad aguardaba un jet privado de matrícula argentina con la intención de trasladarlo hacia el exterior, vuelo que fue inicialmente bloqueado por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).
Pese a esa traba administrativa, Bolsonaro consiguió abordar una aeronave con rumbo a Ecuador, desde donde continuó su trayecto hacia Estados Unidos con asistencia directa del gobierno norteamericano. La presencia confirmada de un asesor del presidente Javier Milei en el aeropuerto amplió las sospechas sobre una red de respaldo oficial.
“Presenté una denuncia criminal ante el Tribunal Federal de Puerto Iguazú. Flávio Bolsonaro tiene prohibido salir de Brasil por determinación judicial. La prensa da cuenta de su ingreso clandestino por Iguazú, de la presencia de un jet con matrícula argentina que esperaba para llevarlo a Estados Unidos y del bloqueo de ese despegue por parte de la ANAC. Mientras tanto, el gobierno sostiene que ‘nunca ingresó’.”
La presentación de Pagano cuestiona la contradicción entre la versión de la Casa Rosada, que negó sistemáticamente el ingreso del legislador a territorio argentino, y los registros de las operaciones aéreas y terrestres que confirman su paso clandestino.
“Si entró, alguien permitió su entrada. Si intentaron sacarlo mediante un aeropuerto federal, alguien hizo la vista gorda.”
El caso expone severas fallas en el esquema de seguridad fronteriza y deja bajo la lupa las alianzas políticas regionales que operan para eludir resoluciones judiciales internacionales.
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