Washington, Distrito de Columbia – La administración de Donald Trump retiró la protección a los hábitats silvestres al modificar las normas de la Ley de Especies enPeligro. Con esta medida, la destrucción de ecosistemas ya no cuenta legalmente como daño ambiental.
El cambio favorece de forma directa a empresas constructoras y proyectos inmobiliarios, que ahora podrán intervenir zonas antes restringidas.
La resolución fue emitida en conjunto por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA). Ambas agencias anularon un reglamento vigente desde 1975 para volver a criterios legales de 1933.
Bajo este esquema, la ley solo castiga agresiones físicas directas contra animales individuales, como dispararles, cazarlos o colocar trampas, dejando desprotegido el suelo donde habitan.
Desde el gobierno defendieron el recorte con el objetivo de acelerar obras privadas. El secretario del Interior, Doug Burgum, afirmó que las exigencias ecológicas operaban como un obstáculo para la inversión:
“Se usaba como un arma para frenar prácticamente cualquier proyecto nuevo en Estados Unidos.”
Por su parte, Trump atacó a las organizaciones conservacionistas desde su red Truth Social, al afirmar que activistas radicales mantienen al país como rehén.
La flexibilización acompaña la decisión de abrir áreas protegidas, reservas públicas y la cuenca del Golfo de México a distintas actividades de extracción.
Científicos y organizaciones internacionales recuerdan que la pérdida de territorio es la causa principal de la extinción de fauna y flora en el planeta. La directora de investigación de The Wilderness Society, Mariah Meek, cuestionó la medida:
“Vacía por completo el contenido de la Ley de Especies Amenazadas.”
Entidades civiles acusan al Poder Ejecutivo de burlar al Congreso federal, pues alteró el sentido de la legislación sin someter el debate al voto legislativo. Arlene Montgomery, directiva de Friends of the Wild Swan, denunció la maniobra:
“Es un precedente peligroso que el gobierno crea que puede cambiar las normas de aplicación de una ley sin cambiar la ley misma.”
El conflicto ya escaló a la justicia federal mediante una demanda colectiva a cargo de Earthjustice. La organización legal representa a entidades como Sierra Club, WildEarth Guardians y Humane World for Animals.
La abogada de la causa, Kristen Boyles, respaldada por legisladores, científicos y 131 organizaciones sociales, recordó que las obras destruirán espacios vitales para la fauna:
“Afecta los lugares donde los animales viven, crían o buscan alimento.”
A los litigios se sumaron las naciones indígenas Swinomish y Squaxin Island, en el estado de Washington. Ambos pueblos dependen de los ríos para pescar salmón real, especie amenazada cuya captura garantiza su alimentación y su cultura.
El presidente del pueblo Swinomish, Steve Edwards, recalcó que la medida del gobierno vulnera compromisos históricos asumidos por el Estado:
“Es un pilar de los derechos garantizados por nuestros tratados y de nuestro modo de vida cultural.”
Con este ajuste en la cita de Boyles y la mención institucional, el texto queda plenamente consolidado, sin calcos del portugués, con párrafos de 2 a 4 líneas y un registro periodístico limpio.
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