Brasília, Distrito Federal – La Policía Federal investiga la posible fuga del senador Flávio Bolsonaro hacia Argentina, en medio de una serie de pesquisas judiciales que cercan al núcleo político del bolsonarismo tras su reciente derrota electoral.
Sobre el legislador pesa una orden judicial expresa que le prohíbe abandonar el territorio brasileño, medida que incluyó la anulación inmediata de sus pasaportes para evitar cualquier intento de salida internacional.
La alerta en los organismos de seguridad surgió tras una publicación del portal de noticias argentino Infobae, difundida en la madrugada del martes 27 de octubre. El reporte periodístico señaló que el parlamentario cruzó la frontera por vía terrestre y abordó un vuelo privado con rumbo a Estados Unidos.
La maniobra representaría un desacato directo a las resoluciones impuestas horas antes por los tribunales. De acuerdo con información revelada por el diario O Globo, Flávio Bolsonaro no entregó sus documentos de viaje a los agentes federales dentro del plazo legal fijado por la justicia.
La negativa a presentar la documentación profundizó la preocupación de las autoridades, ante el riesgo concreto de maniobras orientadas a evadir la acción penal y desactivar las medidas cautelares vigentes.
Desde Buenos Aires, la administración del presidente Javier Milei, estrecho aliado político de la familia Bolsonaro en la región, desmintió de inmediato cualquier colaboración logística o el paso del legislador por suelo argentino. Ante una consulta de la agencia Bloomberg, el vocero presidencial, Fabián Fernández, sostuvo:
“No hubo entrada del senador al país ni despegue de ninguna aeronave con esas características.”
A pesar de la declaración oficial de la Casa Rosada, la Policía Federal intensificó las inspecciones en los puestos fronterizos y en las pistas de aviación ejecutiva. Los investigadores procuran determinar si existió complicidad en el cruce terrestre o si la difusión de esa ruta buscó desviar la atención sobre su verdadero paradero.
El episodio expone el cerco judicial sobre la dirigencia bolsonarista e interpela la capacidad institucional de Brasil para garantizar que los líderes políticos procesados por presunta corrupción y ataques contra la democracia respondan ante los tribunales sin privilegios ni vías de escape.
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