Buenos Aire, ARG – Centrales sindicales, organizaciones políticas, movimientos sociales, entidades ambientales y grupos de derechos humanos realizan este martes 6 de octubre una movilización contra la decisión de la Corte Suprema de Justicia que mantuvo vigente el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, impulsado por el Gobierno de Javier Milei. La disposición deroga la Ley de Tierras Rurales y elimina las restricciones a la venta de inmuebles rurales a compradores extranjeros.
La manifestación fue convocada por la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y tiene prevista una concentración a las 16:00 horas en la Plaza Lavalle, frente al Palacio de Justicia. Participan de la convocatoria las dos vertientes de la CTA la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, además de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y representantes del Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FIT-U).
La movilización de este martes es presentada por las organizaciones como el primer paso de un plan de lucha que busca reunir a distintos sectores en una movilización más amplia frente al Congreso de la Nación, prevista para el jueves 15 de octubre. Ese día, la Cámara de Diputados tendrá una sesión especial en la que los sectores contrarios al DNU 70/2023 buscarán rechazar definitivamente la medida.
El conflicto judicial volvió a cobrar fuerza luego de que los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz revocaran, por cuestiones procesales, una medida cautelar concedida por la Cámara Federal de La Plata. La Corte sostuvo que el Centro de Excombatientes de las Islas Malvinas (CECIM) no tenía legitimación activa para impugnar el DNU. En un comunicado posterior, el tribunal aclaró que la decisión no se pronunció sobre la constitucionalidad del decreto en cuanto a su contenido.
Para las organizaciones sindicales, sin embargo, los efectos de la decisión van más allá de la disputa procesal y afectan directamente la soberanía territorial y el control sobre los recursos naturales argentinos.
En un documento conjunto, los secretarios generales Hugo Yasky, de la CTA de los Trabajadores, y Hugo Godoy, de la CTA Autónoma, afirmaron que la decisión judicial abre la posibilidad de que el Gobierno de Milei disponga del patrimonio nacional mediante un decreto. “Al decir que la soberanía no es un derecho que los ciudadanos o sus organizaciones puedan defender en la Justicia, los jueces le dieron un cheque en blanco al Gobierno de Javier Milei para que entregue el patrimonio nacional por decreto”, señalaron. Ambos dirigentes también reafirmaron su exigencia de impulsar un juicio político contra los magistrados de la Corte.
La Confederación General del Trabajo (CGT) también emitió un comunicado en rechazo a la decisión, bajo la premisa de que “la tierra argentina no es una mercancía”. La ATE, por su parte, ya había realizado protestas y manifestaciones en distintas ciudades del interior del país.
La movilización frente a los tribunales surgió de una convocatoria realizada en Parque Lezama después de la denominada “Marcha de la Bronca”, realizada el 19 de septiembre. En esa ocasión, organizaciones sociales defendieron la unificación de los reclamos de distintos sectores ante la sesión especial prevista para el 15 de octubre.
Los diputados nacionales del Partido de los Trabajadores por el Socialismo (PTS), integrante del FIT-U, Myriam Bregman y Nicolás del Caño, también reclamaron ampliar la presión ciudadana en el Congreso. Los legisladores pidieron a las centrales sindicales que convoquen a un paro nacional.
Bregman afirmó que es necesario que las organizaciones sindicales “abandonen su complicidad” y convoquen a un paro nacional activo para el 15 de octubre. La diputada también cuestionó el momento en que se produjo la decisión judicial, luego de los intentos fallidos del Gobierno de Milei por consolidar la medida en el Congreso.
La disputa involucra, por tanto, no solo la vigencia de las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, sino también la posibilidad de que el Gobierno modifique esta legislación mediante un decreto. Para los sindicatos y las organizaciones que participan de las protestas, la cuestión está directamente vinculada con el control del territorio y de los recursos naturales del país.
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