BUENOS AIRES, AR — El drástico deterioro del poder adquisitivo y el incremento desmedido en los costos de funcionamiento han provocado un impacto severo en el comercio de cercanía en Argentina. Durante la gestión del presidente Javier Milei, iniciada en diciembre de 2023, el país registró el cierre definitivo de más de 40 mil pequeños comercios de conveniencia —conocidos popularmente como kioscos—. Cifras de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA) revelan que entre 50 y 70 locales bajan sus persianas cada día, lo que configura el panorama productivo más crítico para el sector desde la crisis de 2001.
Esta coyuntura golpea directamente el sustento económico de miles de familias. De las cerca de 100 mil tiendas que operaban en el territorio argentino hace poco más de dos años y medio, actualmente permanecen activas unas 59 mil. La UKRA detalla que la cifra exacta de establecimientos clausurados asciende a 41 mil unidades. La desaceleración económica muestra matices según la zona geográfica: en los barrios de clase media de la capital argentina, las ventas registraron una caída cercana al 50%; en el conurbano bonaerense y las provincias del interior, comerciantes informan ingresos hasta tres veces menores en comparación con años anteriores; mientras que en los sectores de mayor poder adquisitivo, como Puerto Madero, Recoleta y Belgrano, la contracción se sitúa en un 20%.
La transformación en las rutinas de consumo redujo la facturación general de los locales entre un 30% y un 40%. Productos habituales como golosinas, alfajores, bebidas y aperitivos cayeron en desuso prioritario. Un relevamiento de la consultora Scentia confirma este comportamiento: la comercialización en este canal descendió un 4,6% en junio frente al mismo mes del año previo y un 4,4% en la comparación intermensual, acumulando un retroceso de 2,3% en el transcurso de 2026.
La creciente presión financiera reintrodujo en el mostrador prácticas tradicionales como la venta a crédito informal. “La gente no tiene dinero, compra con tarjeta de crédito y volvió el ‘te pago la semana que viene, cuando cobre’”, explicó Ernesto Acuña, vicepresidente de la UKRA. Acuña remarcó que el empobrecimiento de las familias afecta al pequeño comerciante con una intensidad inédita en décadas: “Es visible que hay menos dinero en el bolsillo de las personas. Reorganizan sus gastos y el kiosco termina perdiendo. El sector está siendo duramente castigado”.
Tarifas y competencia asfixian al pequeño comerciante
La pérdida del poder de compra coincide con un aumento en las tarifas de servicios públicos como electricidad y gas, además de alquileres, impuestos y costo de mercaderías. “Hay colegas pagando más por la cuenta de luz que por el alquiler. Eso nunca había pasado”, afirmó Acuña, quien agregó que numerosos dueños se ven obligados a vender a precio de costo para intentar cubrir sus compromisos fijos.
A esta estructura de costos se suma la competencia ejercida por grandes cadenas corporativas de conveniencia, supermercados, distribuidores mayoristas, farmacias, estaciones de servicio y aplicaciones de entrega. Según la entidad gremial, las multinacionales logran absorber pérdidas operativas temporales, provocando un desequilibrio directo en el mercado: “Por cada kiosco de red que abre, entre seis y ocho establecimientos tradicionales cierran”, aseveró el dirigente, quien también señaló la desventaja frente a comercios que operan sin cumplir con la totalidad de las cargas tributarias y regulatorias.
Desde la representación de los kiosqueros califican el presente del rubro como un límite operativo crítico. “Estamos al borde del colapso: si aumentamos los precios, no vendemos; si mantenemos los valores, quebramos”, advirtió la dirigencia de la UKRA. Ante el peligro de un endeudamiento progresivo, múltiples propietarios deciden cesar sus actividades de manera anticipada. Las organizaciones empresariales del sector reclaman la implementación urgente de políticas públicas destinadas a dinamizar el mercado interno y proteger la continuidad de estos pequeños puntos de venta, considerados indispensables para la preservación del empleo familiar y la dinámica económica social comunitaria.
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