América Latina y el Caribe – Un ataque militar de Estados Unidos contra una embarcación sospechosa de estar vinculada al narcotráfico dejó cuatro personas muertas, según informó el Comando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses. La operación ocurrió en aguas internacionales y forma parte de una serie de acciones realizadas por Washington contra embarcaciones que las autoridades estadounidenses relacionan con rutas de tráfico de drogas en América Latina y el Caribe.
El Comando Sur difundió un video y varias imágenes de la operación, en las que se observa el momento en que la embarcación es alcanzada durante el ataque. Según el organismo militar, se trataba de una lancha rápida que navegaba por rutas consideradas habituales para el tráfico de drogas en la región.
Las autoridades estadounidenses afirmaron que disponían de «información de inteligencia confirmada» que señalaba la participación de la embarcación en actividades de narcotráfico. Sin embargo, hasta el momento no han presentado públicamente detalles sobre esas informaciones ni pruebas que permitan verificar que los ocupantes transportaban drogas.
Los cuatro ocupantes de la embarcación murieron durante la operación. Las autoridades estadounidenses los señalaron como integrantes de organizaciones vinculadas al narcotráfico. No se han divulgado las identidades de las víctimas ni otros detalles sobre sus nacionalidades.
El ataque se produce en el marco de una campaña militar impulsada por el Gobierno de Donald Trump contra embarcaciones que Washington vincula con el tráfico internacional de drogas. Más de 70 operaciones de este tipo se han llevado a cabo en aguas de América Latina y el Caribe, de acuerdo con diferentes reportes, y la campaña habría dejado alrededor de 250 personas muertas.
La estrategia ha generado cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos y especialistas en derecho internacional, principalmente por el uso de fuerza letal contra personas acusadas de participar en actividades de narcotráfico sin que sean sometidas previamente a procedimientos judiciales.
Uno de los principales puntos de controversia es la decisión del Gobierno estadounidense de utilizar operaciones militares contra personas señaladas como integrantes de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas. Las organizaciones críticas cuestionan tanto la legalidad de estos procedimientos como las consecuencias para quienes se encuentran a bordo de las embarcaciones atacadas.
Entre las voces críticas se encuentra Ben Saul, relator especial de las Naciones Unidas sobre derechos humanos y lucha contra el terrorismo. Saul afirmó que existen «motivos razonables para creer» que algunas de estas acciones «constituyeron crímenes de lesa humanidad de asesinato según el derecho internacional consuetudinario».
La controversia también llegó a los tribunales estadounidenses. El juez federal Paul A. Engelmayer, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ordenó al Gobierno de Donald Trump entregar al tribunal, de manera confidencial, un memorando elaborado por el Departamento de Justicia que contiene la fundamentación jurídica utilizada para autorizar ataques militares contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas.
El documento forma parte de una disputa judicial relacionada con la base legal de las operaciones. Organizaciones de derechos civiles habían solicitado acceso al memorando mediante la Ley de Libertad de Información de Estados Unidos. El juez rechazó los argumentos del Gobierno para mantener el documento completamente bajo secreto y ordenó su entrega al tribunal para una revisión confidencial.
La administración estadounidense sostiene que las operaciones cuentan con respaldo jurídico y que forman parte de una acción militar contra organizaciones criminales que el Gobierno considera involucradas en un conflicto armado. La interpretación jurídica que permite utilizar fuerza letal contra estas embarcaciones, sin embargo, permanece en el centro de la disputa judicial y de las críticas formuladas por organismos de derechos humanos.
El nuevo ataque en el Caribe ocurre mientras Estados Unidos mantiene su campaña militar contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico y enfrenta cuestionamientos sobre las pruebas utilizadas para identificar a los objetivos y sobre la base legal para emplear fuerza letal contra sus ocupantes.
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