Santa Cruz de la Sierra, BOLV – Transportistas bolivianos paralizaron sus actividades este lunes 28 de septiembre en distintas regiones del país para rechazar el Decreto Supremo 5716, que eliminó el subsidio estatal al diésel. La medida de presión tuvo una adhesión desigual: Santa Cruz, Chuquisaca, Oruro y Potosí registraron el repliegue de vehículos, mientras organizaciones de La Paz, El Alto y Cochabamba mantuvieron parte de sus operaciones.
La movilización fue convocada por la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia y afectó principalmente al transporte urbano, intermunicipal e interprovincial. En Santa Cruz, el sector sindicalizado ordenó el repliegue de sus unidades y también realizó movilizaciones. La medida alcanzó a los 55 municipios del departamento, aunque seis sectores decidieron no sumarse al paro.
En Chuquisaca, el transporte sindicalizado también se adhirió a la jornada, mientras que el transporte libre no acompañó de manera completa la paralización. En Potosí y Oruro, sindicatos de transportistas se sumaron al repliegue de vehículos, aunque también se registraron diferencias entre las organizaciones. En Potosí, por ejemplo, el transporte libre mantuvo sus actividades.
El principal reclamo del sector está relacionado con el impacto del fin del subsidio sobre los costos del transporte y, como consecuencia, sobre las tarifas que pagan los pasajeros. El Decreto Supremo 5716 eliminó la subvención y estableció el precio del diésel en 17,95 bolivianos por litro. Los transportistas sostienen que el aumento de los costos de operación presiona la estructura tarifaria y puede repercutir también en los precios de productos de primera necesidad.
En Santa Cruz, una de las principales demandas es la abrogación del Decreto Supremo 5716, además de una revisión de las tarifas del transporte público. El sector también reclama medidas para reducir el impacto del incremento del precio del combustible sobre su actividad. Antes de la paralización, dirigentes habían advertido que podrían adoptar nuevas medidas de presión si el Gobierno no respondía a sus demandas.
La Confederación también exige una definición sobre los precios de repuestos y lubricantes, acceso a créditos en condiciones favorables para renovar los vehículos y una ampliación de los programas de conversión a gas natural vehicular (GNV). Para los trabajadores del transporte, estas medidas permitirían reducir parte del impacto generado por el retiro de la subvención al diésel.
La división entre las federaciones también marcó la jornada. En La Paz, El Alto y Cochabamba, las organizaciones que decidieron no adherirse mantuvieron el servicio. La adhesión desigual impidió que el paro tuviera el mismo alcance en todo el país.
Las diferencias entre las organizaciones del transporte y las negociaciones previas con autoridades también incidieron en la falta de una acción nacional unificada. Mientras algunas federaciones decidieron acatar el llamado de la dirigencia nacional, otras optaron por mantener sus actividades.
El Gobierno convocó a la dirigencia nacional de los transportistas a una reunión este martes 29 de septiembre, a las 9:00, en el Centro de Comunicaciones de La Paz. El encuentro contará con la participación de los ministros de Economía, Christian Morales; de Hidrocarburos, Marcelo Blanco; y de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, además del ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora.
El secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia, Lucio Gómez, confirmó que la organización participará en la reunión. La dirigencia llevará al encuentro sus demandas relacionadas con el Decreto Supremo 5716 y las condiciones de funcionamiento del transporte público.
La reunión se realizará un día después de la paralización y abre una nueva etapa de las negociaciones entre el sector del transporte y el Gobierno boliviano. Los transportistas reclaman la derogación del decreto y mecanismos de compensación ante el incremento del precio del diésel, mientras el Gobierno mantiene la medida y abrió un espacio para discutir sus efectos sobre el sector.
Para los pasajeros, el impacto más inmediato se refleja en la disponibilidad del transporte y en la posibilidad de un aumento de las tarifas. En Santa Cruz, la suspensión de operaciones llevó a parte de la población a buscar alternativas para sus desplazamientos.
La discusión sobre el precio del diésel, por tanto, no se limita a los costos de los trabajadores y operadores del transporte. También afecta a las personas que dependen del servicio público para trasladarse diariamente a sus lugares de trabajo, centros educativos y otros puntos de las ciudades.
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