Ciudad de México, México – A doce años del ataque y la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, las familias de los jóvenes colmaron el Zócalo la noche de este sábado 26 de septiembre para denunciar que el gobierno de Claudia Sheinbaum mantiene intacto el encubrimiento a los mandos militares. Con la fachada del Palacio Nacional a sus espaldas, los padres y madres exigieron la apertura inmediata de 853 archivos de inteligencia en poder de la Secretaría de la Defensa Nacional y demandaron el retorno urgente de los peritos del Grupo Interdisciplinar de Especialistas Independientes (GIEI).
La retención de esos documentos castrenses es hoy la principal traba para esclarecer la cacería ocurrida la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala. El 19 de febrero de este año, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México falló a favor de las familias y reconoció un vacío de cerca de 853 expedientes elaborados por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia de Iguala. De acuerdo con el Centro Prodh, esos informes ocultados por el Ejército registran las labores de espionaje en tiempo real que las Fuerzas Armadas realizaron mientras los normalistas eran atacados y dispersados. Pese a la resolución judicial, el Estado mexicano interpuso recursos legales para evitar la entrega de la papelería militar.
Desde el templete instalado en la plaza pública, los familiares señalaron que la presidenta Sheinbaum faltó a su palabra. La mandataria se había comprometido a entregar un informe pormenorizado sobre el avance de las indagatorias el viernes 25 de septiembre, pero no presentó el balance prometido.
“Llegan nuevos gobiernos y nada más tapan al Ejército”, afirmó Mario César González, padre del estudiante desaparecido César Manuel González. En su mensaje retó al Ejecutivo federal y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH): “Presenten sus pruebas, si es que las tienen. Porque nosotros sí tenemos pruebas”. Mario César expresó el desencanto con la jefa de Estado, en quien confiaban por su trayectoria en el movimiento estudiantil y por su condición de madre: “Yo confiaba en ellos, pero me fallaron”.
El paso del tiempo golpea de forma directa la salud de quienes buscan. El abogado del movimiento, Isidoro Vicario Aguilar, explicó que a lo largo de doce años de impunidad han muerto ocho padres y madres sin conocer el destino de sus hijos. El fallecimiento más reciente ocurrió el 21 de agosto pasado con la partida de Francisco Rodríguez Morales, padre de Everardo Rodríguez Bello. Su esposa, Minerva Bello, murió en 2018. “Se nos está acabando la vida. Ayúdennos a pedir esto en redes sociales, con un video. Ya estamos cansados, tenemos enfermedades crónicas”, dijo Mario César ante las miles de personas reunidas en el Centro Histórico.
Magdalena, madre de otro de los normalistas desaparecidos, explicó por qué esos registros no pueden seguir bajo reserva: “Que el Ejército entregue los más de 800 documentos, porque tal vez ahí está la respuesta sobre dónde están nuestros hijos”. Además, reclamó que las investigaciones oficiales incorporen de lleno los peritajes e hipótesis trazadas por el Equipo Argentino de Antropología Forense.
La exigencia incluye restablecer el mecanismo del GIEI, dependiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sus dos últimos integrantes, Ángela Buitrago y Carlos Martín Beristain, salieron de México a finales de julio de 2023 tras presentar su sexto informe, donde confirmaron que los militares vigilaron a los estudiantes minuto a minuto durante la emboscada y acusaron a la Secretaría de la Defensa de bloquear de manera sistemática la revisión de archivos clave.
Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete González, sostuvo que la protección a los militares une a tres sexenios consecutivos: el de Enrique Peña Nieto, el de Andrés Manuel López Obrador y el mandato actual. “La desaparición de los 43 estudiantes y el asesinato de otros tres fueron un crimen de Estado orquestado por los tres niveles de gobierno: municipal, estatal y federal”, denunció. Los familiares insistieron también en acelerar la extradición desde Israel de Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, a quien señalan por coordinar torturas y fabricar la versión oficial desmentida por los peritajes.
La marcha comenzó a las 17:06 en el Ángel de la Independencia y avanzó por Paseo de la Reforma hasta la calle 5 de Mayo, vigilada a distancia por policías que no intervinieron. A las 17:40, la columna se detuvo frente al antimonumento +43, donde nombraron a cada uno de los normalistas bajo el clamor de “¡Presentación con vida!”. Durante el acto se recordó a las víctimas mortales de aquella noche, entre ellas Julio César Mondragón Fuentes —desollado del rostro tras sufrir torturas—, dos alumnos asesinados a tiros y un cuarto estudiante que permanece en coma vegetativo en un hospital. Pancartas de normalistas rurales resumían la rabia colectiva: “Que los ojos de los desaparecidos te sigan en tus sueños y que el llanto de sus madres no te deje dormir”.
A la movilización por Ayotzinapa se sumaron familias que buscan a desaparecidos recientes. Atanasio Piña marchó con la fotografía de su hijo Yuristi, asesinado tras ser desaparecido a los 27 años en septiembre de 2024. “Somos víctimas del crimen y de las omisiones del gobierno. Hay miles de instituciones, pero ninguna da resultados”, denunció Olín Vargas, cuyo hijo Hernando Vargas fue desaparecido en la zona de Ajusco en noviembre de 2024 y sigue sin ser localizado.
La jornada en el Zócalo cerró al caer la noche con el canto colectivo de “Venceremos” y la advertencia de las familias de que no permitirán el carpetazo judicial ni el blindaje a los cuarteles.
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