América Latina – El aumento de los precios de los combustibles ha vuelto a generar protestas, bloqueos y presión sobre los gobiernos en distintos países de América Latina. Bolivia, Chile, Honduras, Guatemala y Ecuador han enfrentado, en diferentes momentos, los efectos del encarecimiento de la gasolina y el diésel, que afecta directamente a conductores y transportistas y también repercute en los precios de los alimentos, los servicios y otros productos.
En Bolivia, el caso más reciente y de mayor tensión se produjo después de que el presidente Rodrigo Paz anunciara el 18 de septiembre el fin de la subvención estatal al diésel. La medida se adoptó después de que el Parlamento aprobara un crédito de 1.900 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI), dentro de un programa de estabilización que contempla la eliminación gradual de los subsidios a los combustibles.
La decisión se produce en medio de una situación económica marcada por presiones cambiarias e inflación acumulada. Ante el riesgo de nuevas manifestaciones, Paz extendió por otros 90 días el estado de excepción que rige desde junio.
Para el economista boliviano Javier Aliaga Lordemann, del Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo (INESAD), el ajuste de los subsidios puede ser necesario, pero la velocidad con la que se aplica resulta determinante.
“Hacer todos los ajustes simultáneamente puede provocar un shock inflacionario: primero, por el aumento del costo de transporte y distribución; y luego, por el aumento del costo de la electricidad y de la producción”, explicó.
Según Aliaga Lordemann, el ajuste en Bolivia es inevitable, pero sería preferible evitar una aplicación abrupta, especialmente en una economía que ya enfrenta presiones cambiarias e inflación acumulada.
El impacto de los combustibles en la economía
El encarecimiento del combustible no afecta únicamente a quienes utilizan un automóvil. El transporte es uno de los primeros sectores en sentir el impacto, pero el aumento también alcanza a la agricultura, la minería, la industria y la distribución de alimentos.
Por esta razón, una variación en el precio de la gasolina o el diésel puede producir nuevos aumentos en distintos sectores de la economía. Para las familias, el efecto aparece tanto en el costo directo de movilizarse como en el precio de productos y servicios.
El sociólogo chileno César Guzmán Concha, investigador de la Scuola Normale Superiore, en Pisa, Italia, señala que existe una relación documentada entre aumentos importantes en los precios de productos básicos y el surgimiento de protestas sociales. Como ejemplo, menciona la Primavera Árabe de 2011, cuando el aumento del precio de la canasta básica fue uno de los factores relacionados con el surgimiento de las movilizaciones.
“Es muy relevante que los gobiernos sepan manejar los tiempos de estos ajustes”, afirmó Guzmán Concha.
Según el sociólogo, algunos gobiernos europeos han utilizado mecanismos de contención de precios para reducir el impacto de los aumentos de los combustibles. En esos casos, el Estado asume una parte del incremento con el objetivo de limitar el impacto sobre los consumidores y evitar un aumento del descontento social.
Chile, Honduras y Guatemala también enfrentan protestas
Chile vivió en 2026 su propio episodio de aumento de los combustibles. El 23 de marzo, el entonces recién asumido gobierno de José Antonio Kast anunció una fuerte alza en los precios del diésel y la gasolina.
El episodio fue conocido como “bencinazo” y representó un golpe importante para los sectores de ingresos medios. Antes del aumento anunciado, miles de automovilistas acudieron a las estaciones de servicio para llenar sus tanques.
Poco después, las encuestas comenzaron a registrar una caída en la popularidad del mandatario.
En Honduras, el aumento de los combustibles también provocó movilizaciones. El lunes 21 de septiembre, varias carreteras del oriente del país amanecieron bloqueadas por camioneros y transportistas urbanos debido al incremento de los costos de operación.
“Ya no aguantamos, todo está muy caro por el combustible”, dijo Eduardo Amaya, transportista de carga pesada.
Desde comienzos de 2026, la gasolina en Honduras se ha encarecido un 50 %, mientras que el diésel registra un aumento del 80 %, de acuerdo con un análisis de Consulting HNL.
En Guatemala también hubo manifestaciones el 12 de septiembre por el alto precio de los combustibles. Los aumentos afectan de manera particular a los trabajadores del transporte, que deben asumir directamente el mayor costo del combustible o trasladarlo a las tarifas y al precio de los servicios.
El debate sobre los subsidios
Para Aliaga Lordemann, los gobiernos pueden amortiguar temporalmente un aumento extraordinario, pero mantener indefinidamente un subsidio generalizado genera problemas fiscales y de distribución.
“Puede tener sentido amortiguar temporalmente un shock extraordinario, pero no mantener de forma indefinida un subsidio universal. El problema es distributivo y fiscal”, explicó.
El economista sostiene que los subsidios generales pueden parecer una medida social porque reducen el precio del combustible para todos, pero también pueden beneficiar en mayor proporción a los hogares de mayores ingresos, que suelen consumir más gasolina y tener más vehículos.
Por eso, plantea como alternativa utilizar compensaciones dirigidas a los hogares vulnerables y aplicar medidas específicas en los sectores que transmiten los mayores costos al resto de la economía. El impacto fiscal es uno de los principales argumentos utilizados por los gobiernos para revisar los subsidios. Sin embargo, la eliminación de estas ayudas puede generar aumentos inmediatos de precios y provocar reacciones sociales.
Ecuador vivió una situación similar en septiembre de 2025, cuando el presidente Daniel Noboa eliminó el subsidio al diésel automotor. La subvención representaba un gasto de unos 1.100 millones de dólares al año para las arcas públicas.
Con la eliminación del subsidio, el precio del diésel pasó de 1,80 a 2,80 dólares de un día para otro. La medida desencadenó protestas masivas. Noboa no dio marcha atrás completamente, pero decidió mantener congelado el nuevo precio.
Durante las manifestaciones de 2025 se registraron enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en diferentes puntos del país.
Para Aliaga Lordemann, el problema no consiste solamente en decidir si se mantienen o eliminan los subsidios, sino también en determinar la velocidad del ajuste.
“No es conveniente intentar corregir en pocos meses desequilibrios que se acumularon durante más de veinte años”, señaló. En su opinión, cuando todavía existe margen para hacerlo, la gradualidad permite reducir el impacto de las medidas.
La distribución de los costos también importa
Guzmán Concha considera que otro elemento importante es la manera en que los gobiernos explican a la población las razones de los ajustes y los escenarios que pueden producirse.
Una comunicación clara puede ayudar a que la ciudadanía comprenda las medidas, aunque el propio sociólogo advierte que su efecto es limitado.
Como ejemplo, menciona el descontento registrado en Estados Unidos entre sectores que votaron por Donald Trump y que posteriormente enfrentaron aumentos en los precios de los combustibles.
El sociólogo también señala que existe investigación sobre la reacción de la población ante recortes en la inversión social, la inversión pública o el gasto estatal. Según explica, esas medidas pueden ser toleradas en determinadas circunstancias cuando las personas perciben que los costos están distribuidos de manera relativamente equitativa.
“Es decir, cuando la gente percibe que no son solo los pobres o la clase media los que pagan los costos de las medidas”, explicó.
El debate sobre los combustibles, por tanto, no se limita al precio que aparece en una estación de servicio. El aumento de la gasolina y el diésel puede trasladarse al transporte de pasajeros, al costo del flete, a la producción agrícola, a la industria y a la distribución de alimentos.
En economías donde los salarios ya enfrentan una pérdida de poder adquisitivo debido a la inflación, ese efecto puede aumentar la presión sobre los hogares y alimentar nuevas protestas.
La experiencia reciente de Bolivia, Chile, Honduras, Guatemala y Ecuador muestra que las decisiones sobre subsidios y precios de los combustibles involucran al mismo tiempo las cuentas públicas, la inflación, los costos de producción y la reacción social. El momento y la forma en que se aplican los ajustes pueden determinar la magnitud del impacto sobre las familias y los sectores productivos, mientras que las medidas de compensación pueden concentrar la protección en los grupos con menores ingresos.
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