Brasília, DF – La Abogacía General de la Unión (AGU) de Brasil rechazó este lunes 21 la propuesta de conciliación presentada por Discord y solicitó a la Justicia Federal que obligue a la plataforma a implementar medidas inmediatas de protección para niñas, niños, adolescentes y mujeres. El gobierno federal presentó su postura ante el 14.º Juzgado Federal Civil del Distrito Federal, donde calificó la oferta de la compañía tecnológica como genérica e incapaz de frenar la operación de redes delictivas dentro del servicio de mensajería.
En el documento judicial, la AGU sostuvo que el plan de la empresa, “dotado de carácter genérico, con excepciones y condicionantes de lo más diversos, no es apto para mitigar la gravedad de los problemas asociados, con la urgencia y extensión que la demanda exige”. La respuesta oficial se dio al vencer el plazo de diez días hábiles que el tribunal había otorgado a principios de mes para explorar una salida pactada.
El Estado brasileño argumentó además que la plataforma desobedeció una orden directa de la Autoridad Nacional de Protección de Datos (ANPD), la cual exigía suspender las herramientas de video. Según el organismo oficial, la compañía mantuvo activas brechas técnicas que permitieron continuar con las transmisiones en vivo.
Para sustentar la gravedad del peligro que enfrentan los usuarios, la AGU incorporó antecedentes policiales ocurridos durante el último mes. A inicios de septiembre, la Policía Civil de Goiás localizó el lugar donde permanecía secuestrada una menor de 13 años captada por un hombre mediante la aplicación. En ese mismo periodo, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) puso en marcha la segunda fase de un operativo contra grupos que utilizaban redes digitales, entre ellas Discord, para cometer actos de violencia contra mujeres y niñas. Como parte de esas investigaciones, las autoridades policiales tuvieron que ordenar el cierre de 54 servidores de la plataforma únicamente en el estado de São Paulo.
El reclamo forma parte de una demanda civil pública iniciada por el gobierno en agosto, luego del fracaso de las negociaciones para firmar un Término de Ajuste de Conducta (TAC). La demanda responsabiliza a la empresa por violaciones al Estatuto de la Niñez y la Adolescencia (ECA Digital), fija una multa diaria en caso de desacato y exige el pago de 500 millones de reales por daños morales colectivos, monto que irá al Fondo de Defensa de Derechos Difusos.
Esta arremetida judicial es consecuencia directa de la Operación Lívia, una causa penal abierta tras el asesinato de una adolescente de 13 años cometido en julio, que destapó tramas delictivas de alta violencia en entornos virtuales. Ante este cuadro, el gobierno exige que la plataforma establezca protocolos estrictos para el uso de video en directo, reporte de forma obligatoria cualquier indicio de sextorsión a las autoridades, modere y elimine contenidos de crueldad contra animales, aplique sistemas reales de verificación de edad y obligue a que toda cuenta de menores de 16 años quede vinculada a un tutor legal. Asimismo, la demanda reclama que la firma tecnológica abra una sede física en Brasil, cuente con representación legal en el país y habilite un canal directo de atención para recibir denuncias locales.
Deja un comentario