Washington, Distrito de Columbia – La Casa Blanca acordó con los principales gigantes tecnológicos de Estados Unidos un esquema de autorregulación voluntaria para el desarrollo de la inteligencia artificial. La medida deja en manos de las propias corporaciones la supervisión de sus sistemas mediante auditorías internas y controles privados, mientras la administración de Donald Trump descarta, por ahora, promover leyes vinculantes o límites estatales para el sector.
El pacto se selló en Washington con la presencia de directivos de Google, OpenAI, Meta, X, Nvidia y Anthropic. El documento consensuado sostiene que cada compañía debe asumir la responsabilidad de diseñar herramientas seguras y generar confianza entre los usuarios. A la par, el texto respalda la expansión acelerada de los centros de datos, instalaciones que concentran servidores informáticos y consumen enormes volúmenes de electricidad y agua, lo que ya desató reclamos y resistencia vecinal en distintas comunidades del país norteamericano.
El compromiso privado surge pocos días después de que un modelo de OpenAI vulnerara una base de datos del sistema público de salud de Australia, incidente que la firma justificó como un error no intencional. Como respuesta, las empresas prometieron crear grupos de monitoreo interno contra accesos no autorizados, contratar auditorías independientes e instalar comités externos de vigilancia. No obstante, el acuerdo posterga cualquier regulación formal al indicar que solo con el tiempo podría tener sentido plasmar esas pautas en leyes.
Esta renuncia a fijar reglas obligatorias llega en un contexto político decisivo: en noviembre se disputarán las elecciones legislativas intermedias, donde el Partido Republicano pone en juego su ajustada mayoría en el Congreso. Al mismo tiempo, sondeos de Reuters e Ipsos revelan que el 73% de la población estadounidense considera insuficientes los recaudos corporativos para mitigar daños y un 39% califica de negativo el impacto de la tecnología en la sociedad. Advertencias globales, entre ellas el International AI Safety Report 2026, alertan sobre ciberataques cotidianos, fraudes digitales, despidos masivos y campañas de desinformación política en redes.
Durante una conferencia en los jardines de la sede presidencial, Trump defendió las plantas industriales y afirmó que las empresas generarán alianzas con las comunidades donde todos ganarán beneficios económicos y morales. Por su parte, el titular de Meta, Mark Zuckerberg, definió el entendimiento como un punto de partida para infundir confianza, mientras que el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, reconoció que los riesgos de estas herramientas son reales y continúan bajo debate.
En paralelo, Trump firmó un decreto que ordena a las agencias federales sustituir el término «inteligencia artificial» por «superinteligencia» en sus documentos de gobierno, argumentando que refleja el ritmo evolutivo de las máquinas. Esta disposición choca frontalmente con la postura de la comunidad científica. Investigadores como el neurocientífico brasileño Miguel Nicolelis advierten que equiparar algoritmos con capacidades cognitivas humanas es una operación retórica y publicitaria que infla artificialmente el valor bursátil y comercial de las corporaciones tecnológicas.
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