Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires – El gobierno de Javier Milei transfirió al sector privado el control de la empresa estatal Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), a cargo de proveer agua potable y saneamiento a 14 millones de personas en la capital y 26 municipios aledaños.
Un consorcio encabezado por la constructora local Rowing S.A. se adjudicó el 90% del paquete accionario por 340,2 millones de dólares. La cifra superó los 285 millones ofrecidos por el grupo Roggio, pero no alcanzó el piso de entre 450 y 500 millones que pretendía el Ministerio de Economía.
La concesión regirá por 30 años, con opción a otros diez. Este traspaso devuelve el servicio a manos privadas a dos décadas de la reestatización de 2006. El 10% restante de la propiedad continuará bajo dominio de los empleados a través del Programa de Propiedad Participada.
Antes de la venta, el Ejecutivo aplicó un ajuste tarifario que golpeó los ingresos de los usuarios. Entre diciembre de 2023 y septiembre de 2026, las facturas residenciales y comerciales subieron 538% por la eliminación de subsidios estatales orientada a atraer inversores.
En ese período, la compañía suprimió cerca de 1.200 puestos de trabajo mediante planes de retiro voluntario. Para defender el recorte, el gobierno argumentó que el Tesoro gastó 13.400 millones de dólares en sostener el déficit entre 2006 y 2023, y que las redes rotas pierden el 42% del agua tratada.
El consorcio vencedor está bajo el control de Rowing S.A., firma de Walter Román que ya brindaba servicios tercerizados a la operadora. Lo acompaña Transclor, propiedad de Mauricio Filiberti, conocido en el sector como el “rey del cloro” por controlar los insumos de potabilización y tener acciones en la eléctrica Edenor.
El bloque inversor lo completan la empresa brasileña Arcos Saneamento e Participações y el fondo neerlandés PHX Aqua AR BV. Si bien la Casa Rosada anunció inversiones técnicas por 2.000 millones de dólares en cinco años, el contrato final no contempla obligaciones de obras para ese período.
En la actualidad, la red de agua potable llega solo al 75% del área metropolitana y el tendido cloacal cubre apenas el 63%. Sin exigencias inmediatas de tendido de cañerías, los barrios más postergados seguirán sin servicio: las metas del 90% en agua y 75% en cloacas recién serán exigibles en el año 30 de concesión.
El esquema retoma el rumbo privatizador de 1993, cuando Carlos Menem entregó la operación a Aguas Argentinas, del grupo francés Suez. Néstor Kirchner canceló esa concesión en 2006 debido a cobros abusivos, falta de inversión y presencia de nitratos tóxicos en el suministro de sectores populares.
La rescisión provocó un litigio internacional ante el CIADI que obligó al Estado argentino a pagar indemnizaciones por más de 384 millones de dólares. Veinte años después, el saneamiento pasa nuevamente a regirse por el lucro corporativo en un país donde la pobreza golpea al 32,3% de la población.
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