Port Stanley, Islas Malvinas – La administración británica en las Islas Malvinas prorrogó por cinco años las licencias para la exploración y extracción de petróleo en alta mar otorgadas a empresas extranjeras, una decisión respaldada por el gobierno del Reino Unido que reaviva la disputa diplomática y judicial con Argentina por el control de los recursos en el Atlántico Sur. El permiso asegura la continuidad de los trabajos mar adentro y contempla una extensión adicional de dos años si las operadoras cumplen con los plazos previstos en sus planes de desarrollo.
“Estas prórrogas proporcionan seguridad a los operadores, permitiendo que continúen invirtiendo y desarrollando sus áreas designadas. Son recursos nuestros que debemos desarrollar”, afirmó Cheryl Roberts, integrante de la Asamblea Legislativa de las islas y titular de las carteras de Comercio, Industria y Recursos Minerales del gobierno local.
El principal yacimiento involucrado es el proyecto Sea Lion, ubicado en la Cuenca Norte de las Malvinas, a unos 220 kilómetros de la costa. La operación está a cargo de la compañía Navitas Petroleum, con un 65 % de participación, junto a la británica Rockhopper Exploration, titular del 35 % restante. Ambas firmas proyectan iniciar la extracción comercial de crudo en marzo de 2028. De forma paralela, la administración de las islas autorizó que una filial de Navitas adquiera el 65 % del bloque vecino PL001, tras un acuerdo firmado en febrero con la canadiense JHI Associates para acelerar la evaluación del área. Otras corporaciones foráneas mantienen permisos británicos en la cuenca, entre ellas la propia JHI, Borders & Southern y Desire Petroleum Limited.
En contraposición, la justicia argentina ordenó frenar las maniobras petroleras. La jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, intimó a Navitas y a Rockhopper a no iniciar ni ejecutar obras para poner en funcionamiento el pozo Sea Lion, tras una demanda interpuesta por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y el Centro de Excombatientes de las Islas Malvinas de La Plata.
Argentina califica estas concesiones como ilegales e insiste en que cualquier labor sobre su plataforma continental exige la autorización de Buenos Aires, amparándose en la Resolución 31/49 de la ONU, que prohíbe actos unilaterales sobre el archipiélago. Por su parte, Londres rechaza los reclamos y sostiene que Argentina carece de jurisdicción para intervenir en las decisiones económicas locales.
Deja un comentario