Misiones, Argentina – La comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado II enfrenta meses de persecución judicial, detenciones y expulsiones forzadas de su territorio ancestral. La superficie en conflicto cuenta con reconocimiento formal del Estado argentino mediante el relevamiento técnico de la Ley Nacional 26.160; sin embargo, el Poder Ejecutivo mantiene la falta de entrega de los títulos de propiedad comunitaria. El conflicto escaló tras la denuncia por supuesta usurpación presentada por el empresario maderero Alfredo Ruff, lo que desató la detención de integrantes de la comunidad y un operativo violento de desalojo ejecutado por la Policía de Misiones.
La defensa legal de Puente Quemado II impugnó el desalojo ante la justicia por irregularidades procesales y por vulnerar garantías territoriales consagradas en la Constitución Nacional de Argentina y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Ante la falta de respuestas institucionales y judiciales, las familias organizaron una recuperación pacífica de las tierras de las que fueron expulsadas. A partir de esa acción, el sector empresarial y las fuerzas de seguridad incrementaron las amenazas y la criminalización contra las familias y los abogados de derechos humanos que asesoran al pueblo originario.
Las autoridades tradicionales denunciaron que grupos económicos y operadores judiciales intentan instalar una narrativa que reduce el conflicto a un litigio ordinario entre supuestos “propietarios legítimos” e “invasores”. Según expusieron los voceros indígenas, calificar el reclamo como “usurpación” constituye una maniobra para desconocer los derechos preexistentes de los pueblos originarios y avalar el despojo territorial.
Los representantes comunitarios explicaron que el relevamiento de la Ley 26.160 no inventó sus derechos, sino que constató una posesión ancestral resguardada por tratados internacionales y leyes nacionales. La comunidad sostuvo que este relevamiento técnico era el paso previo que el Estado debía completar con la escrituración comunitaria definitiva. La omisión administrativa estatal, sostuvieron, no puede ser utilizada por jueces o policías para desproteger a las familias y favorecer intereses madereros privados.
Mediante un pronunciamiento público, el pueblo Mbya Guaraní exigió al gobierno provincial de Misiones medidas inmediatas para garantizar la integridad física de las familias y de los equipos jurídicos. Reclamaron el cese de las causas penales, respeto a la Constitución y convocaron a organizaciones sociales, de derechos humanos y comunidades fronterizas a tejer redes de solidaridad activa. Las autoridades indígenas señalaron que mantendrán la autonomía en la conducción de sus decisiones territoriales y advirtieron que no abandonarán su territorio ancestral.
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