Puerto Iguazú, Misiones – Mientras el presidente Javier Milei permanecía este viernes encerrado en un hotel de lujo con ministros y banqueros en Puerto Iguazú, pequeños productores rurales de Misiones respondieron a su presencia en la frontera con un mensaje directo: “Ustedes no son bienvenidos a la Tierra de la Yerba Mate”. A través de una carta abierta fechada el 1 de septiembre, cinco organizaciones agrarias denunciaron que la desregulación de la yerba mate que aplica el gobierno nacional destruye la economía regional y utiliza a colonos y tareferos como moneda de cambio para beneficiar a los grandes molinos industriales.
El rechazo a la visita presidencial se sintió en la provincia antes de su llegada a la frontera. El miércoles previo, una manifestación convocada por la Multisectorial por la Soberanía de Misiones ocupó la Plaza 9 de Julio, en la capital provincial de Posadas. La jornada reunió a jubilados que reclaman haberes dignos, trabajadores despedidos, jóvenes sin empleo formal, familias afectadas por recortes en las pensiones por discapacidad y productores perjudicados por las medidas económicas de la Casa Rosada. En una vigilia cultural con música e intervenciones artísticas, los manifestantes quemaron un muñeco en el centro de la plaza como símbolo del impacto de las medidas oficiales sobre el empleo, la alimentación, el agua, la energía, el transporte, la salud y la educación pública. La protesta sumó reclamos por el desmantelamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) e interrupciones de partidas a organismos de ciencia y agricultura como el INTA y el CONICET.
El documento entregado en Puerto Iguazú formaliza el reclamo productivo. Lleva las firmas de Julio Petterson (Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte), Hugo Sand (Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones), Antonio Franza (Asociación de Productores Yerbateros y Tareferos del Alto Uruguay), Jorge Skripczuk (Asociación Civil Impulso Yerbatero) y Salvador Torres (Movimiento Agrario de Misiones). Las organizaciones representan a las familias que trabajan en las chacras frente al control de secaderos y grandes industrias.
Las entidades señalaron que la desregulación impuesta a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 eliminó la protección legal a colonos y tareferos, los cosechadores manuales de la hoja. Al quitarle al INYM la facultad de fijar precios mínimos oficiales, el valor pagado por el kilo de hoja verde cayó a una franja de entre 180 y 285 pesos. Los compradores abonan además con cheques diferidos a 90, 120 días o plazos mayores, montos que no cubren ni la mitad del costo de producción.
A la caída de los ingresos se suma el incremento de los gastos operativos. La carta detalla que en el último año los insumos subieron más del 90%, con aumentos directos en gasoil, fertilizantes, electricidad, fletes y mantenimiento de los yerbales. La falta de recursos impidió realizar tareas básicas de abono y limpieza de malezas, lo que provocó una merma productiva directa: entre enero y julio de 2026, la cosecha cayó más del 11%, lo que representa 71,5 millones de kilos menos de hoja verde recolectados en comparación con el mismo período de 2025.
El impacto golpea de manera directa el empleo de los cosechadores. Las entidades explicaron que la alícuota del Convenio de Corresponsabilidad Gremial, destinada a la cobertura social y laboral, se multiplicó por cinco al pasar de 13 pesos por kilo en 2023 a casi 44 pesos en 2026. Con un producto desvalorizado y mayores costos por hectárea, las chacras redujeron la contratación de peones rurales, lo que trasladó la pérdida de puestos de trabajo a los pueblos del interior misionero.
Los colonos denunciaron también el abandono de las áreas de fiscalización y registro del INYM. Sin inspectores en las rutas ni controles en los secaderos, el mercado quedó concentrado en pocas firmas comerciales, lo que anula las garantías de calidad, higiene y seguridad para los consumidores.
Frente a la cumbre en la que Milei expuso ante empresarios y funcionarios, tractores y camiones permanecieron apostados a la vera de las rutas de la zona norte misionera. La carta de los trabajadores cierra con una advertencia formal al gobierno: “No hay mal que dure 100 años”. Las organizaciones ratificaron que continuarán con las medidas de fuerza en las rutas y en las chacras hasta restituir las facultades regulatorias del INYM y frenar la pérdida de fuentes de trabajo en la provincia.
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