Madrid, España – El desalojo forzoso de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que fue sacada en camilla por bomberos bajo un amplio operativo policial del piso donde vivió durante siete décadas en el barrio de Retiro, desató protestas multitudinarias y abrió una crisis política en España. La expulsión de la jubilada, ejecutada el miércoles a favor del fondo de inversión dueño del inmueble, llevó a más de 10.000 personas a manifestarse en Madrid, Barcelona y Oviedo, convirtiendo el caso en el detonante de reclamos urgentes para frenar los desahucios en un país donde se registran en promedio 44 expulsiones diarias.
La diligencia judicial se transmitió en vivo por televisión durante horas. Cientos de manifestantes formaron una barrera humana frente al portal para proteger a la inquilina e impedir el paso de la comisión judicial, pero la policía antidisturbios intervino por la fuerza para despejar el acceso. Finalmente, los bomberos ingresaron al edificio y retiraron a la anciana en camilla ante la indignación de los vecinos.
Maricarmen vivía en esa vivienda desde 1956 y sostenía una batalla legal desde hacía ocho años, momento en que el edificio fue vendido a un fondo inmobiliario. La renta mensual pasó de 500 euros a 1.650 euros, un monto que sobrepasa su pensión de 1.450 euros al mes. El Sindicato de Inquilinas de Madrid, organización que asumió la defensa de la mujer, señaló que al menos dos personas ofrecieron cubrir la diferencia económica para saldar el alquiler exigido, pero la empresa propietaria rechazó cualquier acuerdo y demandó el desalojo inmediato.
El caso provocó repercusiones directas en el Gobierno central. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, calificó lo ocurrido de inadmisible: “El desahucio de Maricarmen es una tragedia social que no podemos aceptar ni como país ni, evidentemente, desde el punto de vista de las instituciones públicas”, dijo. Sánchez se comprometió a remitir al Congreso un proyecto de ley urgente de vivienda para blindar a personas mayores y familias vulnerables.
Para sacar adelante la iniciativa, bautizada en los pasillos políticos como “decreto Maricarmen”, el bloque de gobierno (PSOE y Sumar) retomó negociaciones con grupos de oposición, entre ellos los conservadores de Junts per Catalunya (JxCat). La meta del Ejecutivo es llevar la propuesta al Consejo de Ministros del próximo martes, sujeta a los acuerdos parlamentarios.
El conflicto también tensó la relación con las administraciones regionales de derecha. Sánchez recriminó a los partidos conservadores que frenan reformas en el Parlamento y acusó de negligencia a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del Partido Popular (PP). Afirmó que el gobierno madrileño está “más preocupado en comprar y vender con dinero público” pisos de “doscientos metros con terraza” que en proteger a la población vulnerable, en referencia a la polémica por la compra de un inmueble oficial atribuido a uso de Ayuso, extremo que ella niega.
Ayuso y portavoces nacionales del PP respondieron que el mandatario utiliza el caso con fines electorales y sostuvieron que la orden judicial aplicó las leyes vigentes, normativas que Sánchez mantuvo sin cambios durante sus ocho años en el poder.
Antes del desalojo, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU y figuras públicas como el futbolista Borja Iglesias habían reclamado una salida digna para la anciana. La situación expone una crisis generalizada: el precio del metro cuadrado en alquiler en España casi se duplicó en diez años, llegando a 15,1 euros en agosto según Idealista, mientras que el valor de venta trepó más del 50%, hasta los 2.355 euros por metro cuadrado. Ante este panorama, el Sindicato de Inquilinas convocó a una nueva marcha este sábado bajo el lema “Ni una Maricarmen más”, exigiendo congelar alquileres y prohibir los desalojos impulsados por fondos financieros.
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