Corinto, Cortés – Cientos de familias, mujeres con niños en brazos y jóvenes con mochilas al hombro avanzan por las carreteras centroamericanas rumbo al norte del continente. La movilización, bautizada como caravana Fe y Esperanza, partió desde la terminal de San Pedro Sula y llegó al paso fronterizo de Corinto, en el límite entre Honduras y Guatemala.
En el contingente caminan personas de Honduras, El Salvador, Guatemala, Ecuador y Haití. Todas salieron empujadas por la falta de empleo, el avance de la violencia armada y las condiciones de miseria extrema que golpean a sus comunidades de origen.
La salida masiva ocurre bajo el mandato del presidente hondureño Nasry Asfura, líder del conservador Partido Nacional de Honduras (PNH), quien asumió el cargo con el respaldo de Donald Trump y del mandatario argentino Javier Milei.
Pese a la sintonía ideológica entre ambos gobiernos, la crisis interna no da tregua: el 63% de la población sobrevive bajo la línea de pobreza, al tiempo que Washington amenaza con suspender fondos y acuerdos financieros si las autoridades no frenan el éxodo.
En este primer tramo, las familias se amparan en el convenio regional del CA-4, un tratado de libre movilidad que permite transitar sin visa entre Honduras y Guatemala. Sin embargo, el muro real empieza más adelante, en territorio mexicano.
Presionado por las exigencias diplomáticas de Washington para actuar como dique de contención, el gobierno de México reforzó los operativos de seguridad en su frontera sur. Allí, los migrantes se topan con redadas policiales, detenciones en carretera y redes de extorsión.
Para frenar la marcha desde su origen, la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa difundió un mensaje oficial con advertencias directas de expulsión:
“Las fronteras de los Estados Unidos están cerradas para aquellos que violan la ley. No arriesgue su vida ni la de su familia emprendiendo el peligroso viaje hacia el norte. No crea en las mentiras de los traficantes de personas. Si intenta ingresar ilegalmente a los Estados Unidos, será deportado.”
La advertencia acompaña una rutina constante de deportaciones coordinadas cada semana por autoridades estadounidenses y mexicanas. A esto se suma la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS), medida que deja desprotegidos a miles de hondureños radicados desde hace décadas en territorio norteamericano.
El desarraigo de quienes caminan no comenzó en la frontera. Un informe del Consejo Noruego para Refugiados (NRC) ubica a Honduras como la sexta crisis de desplazamiento forzado más desatendida del planeta.
Asfixiadas por el cobro de extorsiones y el control que ejercen bandas criminales sobre barrios enteros, miles de familias se ven obligadas a abandonar sus casas y deambular dentro de su propio país, sin techo, sin ayuda estatal y sin recibir alimentos o medicinas.
En el asfalto, el temor a los retenes policiales o a las deportaciones pesa menos que el hambre cotidiana. Una mujer que marcha junto a sus dos hijos pequeños explicó a la prensa que decidió salir ante la falta total de trabajo y la imposibilidad de conseguir comida en su hogar.
Otro integrante del grupo señaló que todos conocen las trabas impuestas por Estados Unidos, pero que encarar los peligros del camino es la única opción que les queda para sobrevivir.
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