Washington, Distrito de Columbia – Agentes federales allanaron durante la madrugada de este lunes la vivienda de la congresista demócrata Ilhan Omar, en un operativo ejecutado por la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La redada se concretó a poco más de tres semanas de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, en las que el Partido Republicano busca conservar ajustadas mayorías parlamentarias.
Omar, quien busca la reelección por el estado de Minnesota, denunció que la acción judicial y policial constituye una maniobra directa de Donald Trump para intimidar a la oposición mediante la instrumentalización de las fuerzas de seguridad del Estado. A través de un pronunciamiento público, la legisladora sostuvo:
“Estoy bien. No se engañen: se trata de un intento de atacar a adversarios políticos e instrumentalizar las fuerzas de seguridad federales. Desde hace diez años, Trump me ataca con mentiras infundadas y campañas de difamación. Esta es solo la más reciente escalada en su campaña de intimidación política. No seré silenciada.”
El Departamento de Justicia confirmó el procedimiento mediante un comunicado oficial en el que justificó la incursión:
“Hoy, en la región de Washington D. C., la HSI (división de Investigaciones de Seguridad Nacional) ejecutó una orden de registro autorizada judicialmente y obtenida por el Departamento de Justicia. Esta medida forma parte de una investigación federal en curso.”
Fuentes vinculadas con el caso revelaron a la agencia Reuters que la causa indaga un presunto fraude migratorio relacionado con formularios presentados por el padre de la legisladora, ya fallecido, cuando ella era niña. Omar nació en Somalia y se radicó en Estados Unidos durante su infancia. En declaraciones a Fox Business Network, el coordinador de políticas fronterizas de la Casa Blanca, Tom Homan, ratificó el trabajo conjunto entre Justicia y Seguridad Nacional, aunque evitó presentar pruebas o precisiones sobre el expediente.
El despliegue federal vulneró el protocolo no escrito del Departamento de Justicia que prohíbe intervenciones ostensibles contra candidatos dentro de los 60 días previos a una votación, norma diseñada justamente para impedir que el poder punitivo del Estado influya en las urnas. La maniobra provocó el inmediato rechazo del gobernador de Minnesota, Tim Walz:
“Los estadounidenses están viendo esto por lo que es. El presidente Trump está abusando de su poder para perseguir a adversarios políticos a semanas de una elección.”
La incursión se suma a una lista de investigaciones penales impulsadas durante el segundo mandato de Trump contra figuras críticas de su gestión, como el exdirector del FBI James Comey, la fiscal general de Nueva York Letitia James, el senador Adam Schiff y directivos de la Reserva Federal. Varios de estos procesos ya fueron desestimados por jueces federales o rechazados por jurados de acusación por falta de sustento, mientras que el exasesor John Bolton aceptó culpabilidad y espera condena. En paralelo, la administración republicana indaga a congresistas que instaron a las Fuerzas Armadas a rechazar órdenes contrarias a la ley.
Representante de un distrito de arraigada tradición demócrata —donde en 2024 obtuvo el triunfo con una ventaja de 50 puntos porcentuales—, Omar enfrenta desde hace años una retórica hostil encabezada por el propio mandatario, quien ha calificado a los migrantes somalíes como “basura” y promovido la deportación de legisladoras de minorías étnicas y religiosas. El hostigamiento también ha derivado en amenazas de muerte hacia su familia y en ataques físicos directos: el mes pasado, la justicia condenó a prisión a Anthony James Kazmierczak tras confesar que le arrojó vinagre debido a sus posturas políticas progresistas.
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