Caracas, Venezuela – La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, defendió este sábado en cadena nacional de radio y televisión los términos del nuevo acuerdo de petróleo con EE. UU., asegurando que el convenio preserva la propiedad estatal sobre los recursos del subsuelo y transfiere los ingresos tributarios directamente hacia áreas críticas como la salud, la educación, el transporte y los servicios esenciales. El pacto energético bilateral, formalizado el viernes 28 de agosto tras meses de gestiones diplomáticas, establece un marco de operaciones conjuntas con una vigencia de 25 años.
El modelo de trabajo acordado opera bajo un esquema de complementariedad industrial. El Estado venezolano mantendrá la titularidad del crudo, la red de refinerías y la mano de obra técnica acumulada por más de cien años en el sector, mientras que las compañías estadounidenses aportarán financiamiento directo y maquinaria especializada para reactivar pozos que presentan caídas de rendimiento. El plan de intervención abarca 17 bloques de extracción y fija la meta de superar una producción diaria de 1,5 millones de barriles.
“Es inútil tener nuestras reservas de petróleo en el subsuelo solo para figurar en una estadística, cuando no podemos convertirlas y traducirlas en desarrollo para Venezuela”, afirmó la mandataria durante su mensaje oficial.
Rodríguez también sostuvo que las metas del convenio miran al largo plazo: “Estamos comprometidos con un futuro próspero para Venezuela, para que los venezolanos puedan mirar hacia el futuro dentro de un año, cinco años, diez años, cincuenta años. Estamos pensando en la Venezuela del futuro”.
En el plano económico, las proyecciones presentadas desde el Palacio de Miraflores calculan una recaudación tributaria acumulada de hasta 209.335 millones de dólares a lo largo de los 25 años del contrato, tomando como referencia un precio internacional de 65 dólares por barril. Dentro de esa estructura de cobro, el tesoro venezolano recibirá un ingreso fiscal neto de 19 dólares por cada barril colocado en los mercados internacionales.
El convenio introduce además una reforma estructural en las regalías de la Faja Petrolífera del Orinoco, estableciendo una tasa mínima obligatoria del 16%, una cifra muy distante del piso del 1% aplicado en las concesiones de la década de 1990. La funcionaria descartó cualquier entrega o privatización de bienes públicos en favor de consorcios privados y añadió que el programa energético contempla incrementar las ventas externas de gas natural e impulsar la industria petroquímica local.
“Elegimos el camino de la diplomacia con los EE. UU. para transformar nuestras diferencias en cooperación”, concluyó la mandataria interina.
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