LA PAZ, BO — La detención arbitraria de mujeres y el uso de la justicia como mecanismo de persecución política en Bolivia han encendido las alarmas de los sectores sociales. La aplicación sistemática de medidas cautelares sobre parejas y familiares de dirigentes campesinos e indígenas refleja cómo las instituciones estatales operan bajo un marco represivo tras el paquete de ajuste e incrementos impulsado por el gobierno nacional. El caso de Shirley Prieto, esposa de un representante del Comité de Coordinación de Bloqueos del Distrito 8 de El Alto, evidencia un patrón de amedrentamiento focalizado en las estructuras comunitarias e identifica la vulneración de garantías constitucionales en Bolivia.
Denuncian vulneración de garantías constitucionales en Bolivia
Shirley Prieto, madre de tres hijos —el menor de ellos en etapa de lactancia— y trabajadora del sector popular, permanece bajo régimen de detención domiciliaria tras un operativo policial ejecutado el 26 de junio. La imputación fiscal WDML-I N.º 39/2026 se sostiene sobre actuaciones procesales marcadas por la coacción y el engaño. Según los antecedentes expuestos, Prieto fue convocada a un inmueble mediante falsos pretextos por efectivos de seguridad que buscaban capturar a su esposo. Una vez retenida, fue presionada para comunicarse con él y obtener su paradero, llamada coercitiva que fue utilizada como el fundamento central del proceso de imputación en su contra.
La audiencia de medidas cautelares derivó en irregularidades procesales adicionales. La jueza a cargo impidió la declaración presencial de la imputada amparándose en modificaciones procedimentales, y la conexión a la audiencia virtual fue gestionada desde las celdas de la policía sin la asistencia oportuna de sus allegados. Este caso no constituye un hecho aislado dentro de la vulneración de garantías constitucionales en Bolivia. Situaciones similares afectaron a la esposa del dirigente de la Ponchos Rojos / Tupac Katari, David Mamani, encarcelada bajo supuestos “fines investigativos” tras la orden de aprehensión emitida el 17 de julio contra su cónyuge, procedimiento catalogado por la defensa jurídica de Mamani como un exceso procesal que atenta contra el debido proceso.
Procesamiento a sectores populares
El actuar punitivo ha alcanzado de igual forma a otras figuras del ámbito laboral e indígena. Maruja Chipana, comerciante popular y madre de nueve hijos, fue procesada penalmente bajo acusaciones de participar en el incendio de una subalcaldía junto a dos de sus hijos, uno de ellos menor de edad y otro con discapacidad. Por su parte, el ciudadano Renzo Mamani fue aprehendido bajo el argumento policial de presentar características físicas compatibles con perfiles buscados. Las organizaciones sociales denuncian que estos expedientes judiciales evidencian arbitrariedad y selectividad contra trabajadores precarizados y mujeres de pollera, consolidando la instrumentalización de los órganos represivos y la administración de justicia frente a la movilización popular.
