ARGENTINA, AR — La grave crisis humanitaria y de persecución a la familia Villalba expone una peligrosa grieta en los compromisos internacionales de asilo y protección de los derechos humanos en el Cono Sur. La detención violenta de Myrian, Rosa y Tania Villalba en territorio argentino, bajo un operativo conjunto con la Interpol que incluyó allanamientos sin orden judicial y maltrato psicológico a menores de edad, no puede ser minimizada como un simple trámite judicial de cooperación interestatal. Este hecho constituye una preocupante instrumentalización de los aparatos de seguridad estatal para ejecutar represalias políticas que trascienden las fronteras nacionales y erosionan el principio fundamental de no devolución.
La justificación de estas acciones bajo el pretexto de los vínculos familiares con la dirigencia del Ejército Popular Paraguayo (EPP) carece de todo sustento en el derecho internacional contemporáneo. La responsabilidad penal es estrictamente individual, y pretender extender la persecución estatal a mujeres, niños y ancianos por el solo hecho de su parentesco es una práctica propia de regímenes autoritarios, incompatible con los valores democráticos que la región afirma defender. El historial de agresiones contra este núcleo familiar es devastador: en el año 2020, las niñas de once años María Carmen y Lilian Mariana fueron ejecutadas en territorio paraguayo por fuerzas militares, un crimen que permanece en total impunidad, mientras que otra menor, Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, continúa desaparecida.
Frente a este escenario de vulnerabilidad extrema, las declaraciones de la ministra de Seguridad de la Argentina orientadas a promover la extradición de las refugiadas representan una flagrante violación de las convenciones de Ginebra y de los tratados específicos sobre el estatuto de los refugiados. El Estado argentino tiene la obligación jurídica y moral de garantizar la seguridad de quienes han recibido protección internacional, y no ceder a presiones externas que buscan suprimir la disidencia o castigar por asociación consanguínea. El uso desproporcionado de la fuerza y las amenazas de institucionalizar a los niños durante los operativos policiales revelan una alarmante deshumanización del procedimiento.
Este medio sostiene con firmeza que la seguridad regional no puede construirse sobre la base de la impunidad y la violación sistemática de las garantías fundamentales. Exigimos un cese inmediato al hostigamiento institucional contra la familia Villalba, el respeto irrestricto al debido proceso legal y una investigación independiente y transparente sobre el operativo realizado el 12 de abril. La comunidad internacional y los organismos de derechos humanos deben mantener una vigilancia activa sobre los gobiernos de Argentina y Paraguay. La defensa de la democracia y la protección de la dignidad humana exigen que el derecho de asilo sea defendido con absoluta firmeza frente a cualquier intento de persecución y venganza política.
