PARAGUAY, PY — El dictamen del Comité de los Derechos del Niño de la ONU expone una realidad devastadora: la muerte de Lilian Mariana y María Carmen Villalba, de solo 11 años, no fue el resultado de un daño colateral, sino un crimen de Estado. El veredicto internacional, emitido tras años de deliberación, confirma que las Fuerzas-Tarefa Conjuntas (FTC) ejecutaron de forma sumaria a las dos menores en septiembre de 2020 durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, bajo el pretexto de combatir a la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
El pronunciamiento de Naciones Unidas no deja margen para la ambigüedad moral. Las niñas, ciudadanas argentinas que visitaban a sus familiares, fueron capturadas con vida en Yby Yaú, asesinadas por efectivos militares, despojadas de sus pertenencias y enterradas de inmediato en una fosa común. La justificación oficial de una supuesta refriega armada cae por su propio peso ante la contundencia de las pruebas forenses y testimoniales recopiladas a nivel internacional. Lo ocurrido en Concepción representa una quiebra institucional mayúscula que exige justicia internacional para las niñas asesinadas en Paraguay.
La gravedad de los hechos se multiplica al analizar la conducta posterior del Estado paraguayo. Lejos de garantizar un proceso judicial transparente y riguroso, las autoridades institucionales obstaculizaron de manera sistemática cualquier intento de fiscalización independiente. El rechazo a la visita del comité de la ONU en 2022 y la destrucción deliberada de evidencias físicas configuran un cuadro de impunidad que la comunidad internacional califica como negligencia extraordinaria o encubrimiento explícito.
La lealtad del periodismo independiente no pertenece a los gobiernos de turno, sino a las víctimas del abuso de poder. Combatir la criminalidad o la insurgencia jamás puede justificar el empleo de tácticas de terror estatal ni el infanticidio. Este fallo obliga a Asunción a implementar reformas estructurales en sus fuerzas de seguridad, procesar a los autores materiales e intelectuales y esclarecer de forma urgente el paradero de Lichita Villalba, prima de las menores, quien permanece desaparecida desde el mismo operativo militar. La justicia internacional ha hablado; corresponde ahora a la sociedad paraguaya y a los organismos regionales exigir que el Estado rinda cuentas y garantice la no repetición de esta barbarie.
