La Paz, Bolivia – Bolivia registra 48 feminicidios entre el 1 de enero y el 16 de julio de 2026, una cifra que vuelve a evidenciar la persistencia de la violencia de género pese a la vigencia de la Ley 348, considerada una de las legislaciones más severas de América Latina para sancionar este delito. Mientras la Fiscalía General del Estado documenta los casos, organizaciones de mujeres advierten que las principales barreras siguen siendo la insuficiencia presupuestaria, la falta de equipos especializados y las debilidades del sistema de prevención y protección.
El caso más reciente ocurrió en el departamento de Potosí, donde una mujer de 37 años murió tras ser atacada con un arma blanca. El principal sospechoso, su pareja de 32 años, fue detenido y permanece bajo investigación mientras las autoridades buscan esclarecer las circunstancias del crimen.
La Paz concentra el mayor número de víctimas, con 17 feminicidios. Le siguen Santa Cruz, con nueve casos; Cochabamba, con ocho; Oruro, con cinco; Chuquisaca y Potosí, con tres cada uno; Tarija, con dos; y Beni, con uno.
Además de los asesinatos, la Fiscalía informó que hasta el 15 de junio se habían registrado 19.541 denuncias por delitos contemplados en la Ley 348. Promulgada en 2013, la norma establece una pena de 30 años de prisión sin derecho a indulto para quienes sean condenados por feminicidio y reconoce el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia.
Sin embargo, organizaciones feministas sostienen que la existencia de una legislación rigurosa no ha sido suficiente para revertir un problema de carácter estructural. Denuncian limitaciones presupuestarias, escasez de personal especializado y fallas en los mecanismos de prevención, atención y protección, especialmente frente a la violencia intrafamiliar.
En 2024, iniciativas impulsadas por legisladores del Movimiento al Socialismo (MAS) para modificar la Ley 348 fueron rechazadas por colectivos de mujeres. Las organizaciones advirtieron que esas propuestas podían debilitar las garantías previstas en la legislación y cuestionaron las campañas de desinformación que acompañaron el debate.
Los datos más recientes refuerzan esa preocupación. Durante 2025, Bolivia cerró el año con 81 feminicidios y más de 46 mil denuncias por violencia contra las mujeres, una realidad que, según organizaciones sociales, refleja la distancia entre el marco legal y su aplicación efectiva.
La Coordinadora de la Mujer, una de las principales organizaciones que monitorean la violencia de género en el país, resume esa situación con una frase que se ha convertido en referencia del debate público:
“La brecha entre la norma y la realidad es enorme.”
Mientras tanto, organizaciones de la sociedad civil continúan exigiendo políticas públicas sostenidas, financiamiento suficiente, equipos especializados y un sistema judicial capaz de prevenir la violencia, proteger a las víctimas y sancionar a los responsables. Para estos colectivos, reducir la impunidad continúa siendo uno de los mayores desafíos para garantizar el acceso efectivo de las mujeres a la justicia en Bolivia.
