Ciudad de México, México – La Ley General contra el feminicidio en México comenzó su discusión en el Senado con el objetivo de establecer un marco jurídico común para prevenir, investigar y sancionar los asesinatos de mujeres por razones de género. La iniciativa pretende eliminar las diferencias existentes entre las 32 entidades federativas, donde actualmente cada fiscalía aplica criterios propios que pueden derivar en respuestas desiguales y afectar el acceso a la justicia.
Presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum el 15 de julio, la propuesta reglamenta la reforma constitucional que permitió la creación de una legislación general sobre feminicidio. Con su ingreso al Senado se inicia el proceso de análisis y discusión parlamentaria.
El proyecto define el feminicidio como la privación de la vida de una mujer por razones de género y establece criterios obligatorios para orientar las investigaciones desde el primer momento. El propósito es impedir que las muertes violentas de mujeres sean tratadas inicialmente como homicidios comunes, accidentes o suicidios sin que la hipótesis de feminicidio sea considerada de manera prioritaria.
La iniciativa contempla penas de entre 50 y 70 años de prisión y añade 19 circunstancias agravantes que podrían incrementar la condena hasta en un cincuenta por ciento. Entre ellas figuran el embarazo de la víctima, su edad, la existencia de una discapacidad, los vínculos familiares o de confianza con el agresor y la presencia de niñas, niños o adolescentes durante el crimen.
Además del endurecimiento de las sanciones, el texto incorpora medidas orientadas a la prevención, la investigación especializada, la atención a las víctimas indirectas y la reparación integral de los daños derivados del feminicidio.
La elaboración del proyecto contó con la participación de la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos. Según el Gobierno de México, la experiencia acumulada en la Ciudad de México sirvió como base para diseñar un modelo de aplicación nacional.
Al establecer procedimientos comunes para todas las entidades federativas, la propuesta busca reducir las brechas institucionales que hoy permiten respuestas distintas frente a hechos similares. De ser aprobada, la legislación impactará directamente en el trabajo de fiscalías, cuerpos policiales, servicios periciales y demás autoridades responsables de preservar pruebas, investigar los delitos y acompañar a las familias de las víctimas.
No obstante, la aprobación de una legislación nacional no garantiza por sí sola una disminución de la violencia feminicida. Su eficacia dependerá de la capacidad de los gobiernos estatales para aplicar las nuevas disposiciones, fortalecer sus instituciones, capacitar a sus equipos de investigación y convertir las obligaciones legales en una protección efectiva para mujeres y niñas.
Con el inicio de su trámite legislativo, la iniciativa representa un nuevo intento por sustituir un sistema fragmentado por una política nacional frente al feminicidio. El proyecto parte de la premisa de que el acceso a la justicia no debe depender del lugar donde fue asesinada una mujer, sino de un compromiso uniforme del Estado mexicano para investigar, sancionar y reparar estos crímenes.
