Buenos Aires, ARG – Estudiantes, trabajadores de la educación, centrales sindicales, organizaciones campesinas, movimientos indígenas y colectivos de personas con discapacidad participan este jueves 15 de octubre en la Quinta Marcha Federal Universitaria. La movilización defiende la universidad pública, exige la recuperación del presupuesto destinado a la educación superior y reclama la aplicación de la Ley de Tierras. Los manifestantes también presionan a la Cámara de Diputados para que reúna el quórum necesario para rechazar definitivamente el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, firmado por el presidente Javier Milei.
La Plaza de los Dos Congresos, en Buenos Aires, concentra parte de las protestas contra la política económica del Gobierno. La jornada cuenta con el respaldo de la Confederación General del Trabajo (CGT) y de las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA), además de organizaciones sociales y rurales. También se convocaron movilizaciones en plazas de todas las provincias del país a partir de las 13:30, hora local, con concentraciones desde la mañana.
La marcha se realiza en medio de la reducción de las transferencias a las universidades y de una disputa judicial por el financiamiento de las instituciones. Franco Bartolacci, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), afirmó que los fondos transferidos al sistema universitario se redujeron a la mitad desde la llegada de Milei al Gobierno. Según advirtió, las instituciones funcionan al límite de sus capacidades.
La movilización coincide además con la novena apelación consecutiva presentada por el Gobierno contra fallos judiciales que ordenan transferir recursos a las universidades. La disputa incluye el presupuesto de las instituciones, la actualización de los salarios de docentes y trabajadores no docentes y el pago de becas estudiantiles.
La Justicia declara inconstitucional un decreto e impone multas
Esta semana, el juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional el Decreto 759/2025, firmado por Milei para suspender la aplicación de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria, aprobada por el Congreso argentino.
La decisión se produce después del incumplimiento de medidas cautelares que ordenan actualizar los salarios de docentes y trabajadores no docentes, así como las becas estudiantiles. Según la información difundida sobre el caso, esas medidas fueron ratificadas por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal y por la propia Corte Suprema.
Ante la continuidad del incumplimiento, Cormick dispuso multas coercitivas de 100.000 pesos diarios contra el titular de la Jefatura de Gabinete de Ministros. La sanción busca presionar al Gobierno para que acate las decisiones judiciales relacionadas con el financiamiento universitario.
El conflicto también llegó al terreno político. Gabriel Solano presentó una denuncia penal contra Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, por el presunto desfinanciamiento sistemático de las universidades. En respuesta a las denuncias por falta de recursos, el portavoz presidencial Adrián Ravier calificó el desfinanciamiento como un “mito”. Mientras tanto, sectores afines al Gobierno difundieron ataques en redes sociales contra el juez a cargo de las decisiones.
Organizaciones rurales e indígenas reclaman la aplicación de la Ley de Tierras
La defensa de la educación pública no es la única reivindicación de la jornada. Organizaciones rurales e indígenas, articuladas con la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), reclaman la plena aplicación de la Ley de Tierras. Según la información del caso, su vigencia se había visto afectada por decretos del Ejecutivo y posteriormente fue restablecida mediante decisiones judiciales.
Estos sectores denuncian la interrupción de los relevamientos territoriales, la falta de protección para los pequeños productores frente a la especulación del mercado y los recortes en obras destinadas a los barrios populares. Sus reclamos vinculan la política agraria con la protección de las comunidades indígenas, el acceso a la tierra y las condiciones de subsistencia de los pequeños productores.
Uno de los principales objetivos políticos de la movilización es conseguir que la Cámara de Diputados rechace definitivamente el DNU 70/23. El contenido del decreto ya fue rechazado por el Senado, pero las organizaciones reclaman que la Cámara baja reúna el quórum necesario para completar el proceso.
Los sindicatos advierten sobre los efectos del ajuste
La CGT y las dos CTA formalizaron su apoyo a la marcha y advirtieron que las medidas de ajuste afectan a distintos sectores de la sociedad, entre ellos jubilados, inquilinos, científicos y grupos en situación de vulnerabilidad.
La participación conjunta de estudiantes, sindicatos, trabajadores rurales, comunidades indígenas y organizaciones sociales reúne demandas relacionadas con el financiamiento educativo, los derechos laborales, la política agraria y el mantenimiento de los servicios y las obras públicas. Los manifestantes exigen que el Gobierno cumpla las decisiones judiciales y preserve los recursos destinados a las universidades. Al mismo tiempo, reclaman cambios en la política económica y medidas que garanticen la aplicación de la Ley de Tierras.
Con movilizaciones previstas en todas las provincias, la Quinta Marcha Federal Universitaria aumenta la presión sobre el Gobierno de Milei y el Congreso argentino. Para los sectores movilizados, están en juego tanto el financiamiento de la educación superior como el cumplimiento de derechos y decisiones judiciales que afectan a estudiantes, trabajadores y comunidades rurales e indígenas.
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