Brasília, BR – La relación entre Brasil y Estados Unidos entró en una nueva fase de tensión durante el gobierno de Donald Trump. Desde el regreso del republicano a la Casa Blanca, Washington ha adoptado medidas comerciales, sanciones y acciones diplomáticas que afectan a autoridades brasileñas, instituciones judiciales y al proceso electoral. El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva comenzó a responder a las iniciativas estadounidenses en defensa de la soberanía brasileña y contra lo que considera una injerencia en asuntos internos.
Uno de los principales focos de la disputa es el ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF). El Departamento de Estado estadounidense emprendió una campaña de críticas contra el magistrado y llegó a calificarlo de“tóxico” para empresas de Estados Unidos. Las acciones ocurrieron en medio del proceso contra el expresidente Jair Bolsonaro, condenado a más de 27 años de prisión por su participación en un intento de golpe de Estado para impedir la llegada de Lula al poder.
La ofensiva estadounidense también involucró la Ley Magnitsky, utilizada por Estados Unidos para imponer sanciones contra ciudadanos extranjeros acusados por Washington de violaciones de derechos humanos o corrupción. El mecanismo permite bloquear activos sujetos a la jurisdicción estadounidense y restringir operaciones financieras.
Moraes fue objeto de estas medidas en julio de 2025. Meses después, las sanciones se extendieron a su esposa, Viviane Barci. En diciembre del mismo año, sin embargo, Estados Unidos retiró las restricciones impuestas a la pareja, en medio de esfuerzos diplomáticos para recomponer las relaciones entre ambos países.
La disputa también alcanzó a las plataformas digitales. El Gobierno estadounidense cuestionó las medidas adoptadas por Moraes contra empresas tecnológicas de Estados Unidos, especialmente X, propiedad de Elon Musk. El ministro había ordenado la suspensión temporal de la plataforma en Brasil después de que incumpliera órdenes judiciales, entre ellas decisiones relacionadas con la eliminación de publicaciones y el nombramiento de un representante legal en el país.
Las decisiones ocurrieron en medio de la circulación de noticias falsas y contenidos antidemocráticos en las redes sociales durante el período electoral de 2022. El material también registra que las redes fueron utilizadas para difundir contenidos manipulados con el objetivo de influir en el electorado y favorecer los intereses de Jair Bolsonaro.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, justificó la posición de Washington en defensa de la libertad de expresión. Según él,
“la libertad de expresión es esencial a nuestro modo de vida, un derecho innato sobre el cual los Gobiernos extranjeros no tienen autoridad”.
Sin embargo, la posición pasó a ser cuestionada a raíz de medidas adoptadas por el propio gobierno de Trump contra medios de comunicación de Estados Unidos.
En septiembre de 2026, Trump ordenó excluir a CNN, MS NOW y Politico de la Casa Blanca, acusando a los medios de difundir noticias falsas. La decisión restringió el acceso de los periodistas a la cobertura presidencial y fue bloqueada temporalmente por un juez federal, que consideró que la medida violaba la Constitución estadounidense.
La disputa entre Washington y Brasilia también adquirió una dimensión económica. En julio de 2025, el Gobierno de Trump impuso aranceles del 50 % a las importaciones brasileñas, justificando la medida con acusaciones relacionadas con la censura de plataformas tecnológicas estadounidenses y la persecución de figuras políticas.
La medida afectó las relaciones comerciales entre los dos países y posteriormente fue anulada por la Corte Suprema de Estados Unidos, que, a comienzos de 2026, concluyó que el presidente había excedido sus atribuciones al establecer los gravámenes.
Washington recurrió entonces a la Sección 301 de la legislación comercial estadounidense para crear nuevas barreras a los productos brasileños. El 22 de julio de 2026 comenzó a aplicarse un arancel del 25 % a unos 3.000 productos brasileños. Entre las justificaciones presentadas figuraban acusaciones de prácticas comerciales desleales, restricciones al etanol estadounidense y daños ambientales relacionados con la deforestación ilegal en la Amazonía.
Pocos días después, los aranceles para determinados sectores llegaron al 37,5 %, bajo el argumento de nuevas investigaciones relacionadas con el trabajo forzoso.
Algunos productos considerados importantes para el abastecimiento del mercado estadounidense fueron excluidos del paquete. Entre ellos estaban el café, la carne de res, las naranjas, el jugo de naranja, el petróleo, el gas y componentes aeroespaciales, incluidas las aeronaves. En cambio, sectores como el acero, el aluminio y la madera permanecieron expuestos a los efectos de las restricciones comerciales.
Lula calificó las medidas de “arbitrarias e ilegales” y activó la Ley de Reciprocidad, que permite a Brasil adoptar contramedidas frente a acciones comerciales unilaterales de otros países.
La tensión también avanzó hacia el proceso electoral brasileño. En julio de 2026, el Gobierno brasileño rechazó las solicitudes de ingreso de dos altos funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos: Riley M. Barnes, secretario adjunto para Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, y Samuel Samson, su homólogo.
La visita estaba relacionada con el seguimiento de las elecciones y sería presentada bajo el argumento de la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión. Para el Gobierno brasileño, sin embargo, la iniciativa podía abrir espacio para una injerencia externa en el proceso político nacional y para cuestionamientos sobre la transparencia de las instituciones electorales.
Lula acusó a los representantes estadounidenses de intentar interferir en los asuntos internos de Brasil y condicionar el proceso electoral. Entre los encuentros previstos se encontraba una reunión con el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y principal rival de Lula en las elecciones de octubre de 2026.
Flávio Bolsonaro ha cuestionado reiteradamente al Tribunal Superior Electoral (TSE), una postura que recibió apoyo público de Trump. Para las autoridades brasileñas, permitir la entrada de los representantes estadounidenses significaría brindar respaldo institucional a una operación externa capaz de cuestionar el proceso electoral y beneficiar a sectores de la oposición alineados con Washington.
La negativa de los visados provocó nuevas medidas de represalia por parte de Estados Unidos. El Gobierno estadounidense revocó el visado de la embajadora brasileña en Washington, Maria Luiza Ribeiro Viotti. La decisión no significó su expulsión formal del territorio estadounidense, pero profundizó la crisis diplomática. Washington también interrumpió el proceso de aprobación de nuevas credenciales diplomáticas y paralizó el avance de las negociaciones bilaterales.
La disputa entre ambos gobiernos pasó así a involucrar simultáneamente el comercio, las sanciones financieras, las decisiones del Poder Judicial, las plataformas digitales, la libertad de expresión, las relaciones diplomáticas y el proceso electoral brasileño. Con las elecciones presidenciales previstas para octubre de 2026, las medidas adoptadas por Washington y las respuestas de Brasilia colocaron la soberanía nacional y la autonomía de las instituciones brasileñas en el centro de la relación entre los dos países.
Deja un comentario