Bogotá, COL – El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este domingo (13) que la Policía podrá ingresar a las universidades del país cuando se presenten hechos de violencia, vandalismo o terrorismo.
Durante una alocución transmitida a través de sus redes sociales, el mandatario sostuvo que la autonomía universitaria no impide la actuación de las autoridades frente a situaciones que afecten el orden público.
“La autonomía universitaria no está por encima del orden público, ni significa autonomía en materia de orden público ni convierte a los campus en territorios sustraídos de la Constitución, de la ley o de la autoridad legítima del Estado”, afirmó.
El Gobierno anunció además la creación de un protocolo nacional destinado a diferenciar las protestas pacíficas de aquellas actuaciones que impliquen violencia, situaciones de flagrancia, peligro o alteraciones extraordinarias del orden público.
Según el presidente, la protesta pacífica desarrollada dentro del marco de la Constitución y la ley será respetada y garantizada. Sin embargo, afirmó que el terrorismo urbano, el vandalismo, la destrucción de infraestructura y los ataques contra integrantes de la fuerza pública o la población civil no pueden ser considerados formas de protesta.
Policía podrá intervenir ante hechos de violencia
De acuerdo con el mandatario, la Policía será la “primera autoridad operativa” encargada de atender este tipo de situaciones y podrá intervenir cuando desde las universidades se preparen actos vandálicos o considerados terroristas.
“No voy a permitir que las universidades públicas sigan siendo santuarios de la violencia bajo ninguna circunstancia”, afirmó De la Espriella.
El presidente sostuvo que la medida tiene como objetivo proteger a los estudiantes que buscan estudiar, debatir y participar en protestas pacíficas. Al mismo tiempo, advirtió que las personas que utilicen los campus para preparar ataques, almacenar elementos destinados a actos violentos o agredir a ciudadanos y miembros de la fuerza pública serán perseguidas por las autoridades.
Al finalizar su declaración, De la Espriella afirmó que las universidades deben mantenerse como espacios destinados al “conocimiento, las ideas y el debate”, y no convertirse en refugios para la violencia o el terrorismo.
Una medida que reabre el debate sobre la protesta estudiantil
La decisión anunciada por el Gobierno vuelve a poner en el centro del debate la relación entre las universidades públicas, la protesta social y el uso de la fuerza estatal en Colombia. En un país marcado por décadas de conflicto armado, movilización estudiantil y confrontaciones entre manifestantes y organismos de seguridad, el ingreso de la fuerza pública a los campus universitarios plantea interrogantes sobre los límites de la intervención estatal y las garantías para el ejercicio de derechos fundamentales.
Desde una perspectiva de derechos humanos, uno de los principales riesgos se encuentra en que una medida concebida para responder a hechos concretos de violencia termine afectando de manera más amplia el derecho a la protesta, la libertad de expresión, la reunión pacífica y la autonomía de las instituciones educativas.
La dificultad para establecer en la práctica la frontera entre una protesta legítima y una conducta considerada violenta también puede generar situaciones de estigmatización o intervenciones desproporcionadas contra estudiantes.
La protección del orden público y la seguridad de estudiantes, trabajadores y ciudadanos constituye una obligación del Estado. Sin embargo, esa responsabilidad debe ejercerse dentro del marco de los derechos humanos y mediante intervenciones proporcionales a cada situación.
El desafío para las autoridades colombianas será evitar que la protección de los campus universitarios termine restringiendo los espacios de participación política y expresión que forman parte de la vida democrática.
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