Un video mudo en blanco y negro. En medio de la noche, dos militares arrastran, golpean y empujan a seis jóvenes a la carrocería de una camioneta sin identificación. El vehículo arranca y avanza hacia destino desconocido. Parece la descripción de otra época. Pero ocurrió el 17 de julio de 2020, a la 1.48 de la mañana, en Ciudad del Este, Paraguay.
Después de lo que se reportó como un tiroteo entre marinos y supuestos contrabandistas en el río Paraná, que terminó con la muerte del suboficial Marcos Agüero, militares iniciaron una redada ilegal en el barrio San Miguel Remansito y la villa Kuwait. Al mando del capitán Walter Díaz, los marinos secuestraron de sus casas y torturaron a 35 personas, entre ellas seis adolescentes y tres mujeres trans.
La Fiscalía y la Policía se enteraron de las detenciones ocho horas después. Las víctimas estuvieron 12 horas incomunicadas en la Base Naval de Ciudad del Este, antes de que pudieran hablar con un familiar o abogado. Todo –las detenciones, las torturas, las pruebas de parafina sin la presencia del Ministerio Público– fue ilegal.
A Hugo Arsenio González lo sacaron de su casa. Dijo que los militares le derramaron agua caliente y alcohol en la cabeza. Luego lo llevaron al baño y entre cuatro empezaron a golpearlo. “Se rompió mi vena adentro con el golpe, explotó”, contó. Casi muere en la patrullera. “En el hospital me salvaron la vida”, relató a una radio local.
Fernando, un adolescente, dijo que les daban golpes con cachiporra en la espalda mientras estaban con el cuerpo al suelo. Otra víctima contó: “Nos pusieron hule, nos hacían atajar la respiración, me pegaban por mi cara”.
Cris, Sadis y R, tres mujeres trans, fueron detenidas por más de una decena de militares que entraron a su casa a medianoche luego de derribar la puerta de una patada, contaron a Agencia Presentes. “Nos sacaron del cabello, a las tres. Nos metieron a una camioneta, como perros o bolsas de basura, y nos llevaron a la base naval. Ahí comenzó nuestro calvario”, dijo Sadis López, y recuerda que las trasladaron encubiertas en mercadería. “Apenas podíamos respirar. Nos torturaban, nos pegaban con cachiporras, con palos, con sogas gruesas con las que se atan barcos. Nos decían que nos iban a hacer hombres a la fuerza”, contó.
Todos usaron una palabra para describir lo que sucedió: tortura.
Los militares también le rompieron la boca a una niña de dos años con la culata de un arma cuando estaba en los brazos de su padre, que fue detenido. A Carlos Antonio López, de 69 años, le pegaron un culatazo en la cabeza. Al día siguiente, tres adolescentes, de 15, 16, y 17 años, mostraban sus espaldas con hematomas violetas a la cámara de un celular mientras la mujer que los grababa decía: “¿Esto es el Estado de derecho?”.
Sólo durante 2013 y 2016, la Fiscalía de Derechos Humanos, que investiga desapariciones, maltrato, tortura, persecución, espionaje y ejecuciones cometidas por funcionarios públicos, recibió 873 causas contra agentes estatales. No hay datos diferenciados de las causas, pero ninguna había tenido sentencia. Una impunidad denunciada por el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas en 2017.
El capitán Walter Díaz fue relevado del cargo luego de la muerte del suboficial Marcos Agüero. De los 35 detenidos ilegalmente, 25 fueron imputados por resistencia y por violar la cuarentena, y dos por homicidio doloso.
Al 21 de julio, ningún militar fue imputado por las torturas.
