Corpus Christi, Canindeyú – El asesinato de líderes indígenas en Canindeyú desató protestas populares y bloqueos en las rutas de la frontera entre Paraguay y Brasil. Las movilizaciones comenzaron después de que agentes estatales y grupos armados mataron a tiros al dirigente comunitario Antonio Carrillo, de la comunidad Tekoha Y’apo, y al docente Catalino Correa, durante un ataque perpetrado el 14 de agosto en el distrito de Corpus Christi.
El doble homicidio expuso la violencia territorial que sufren los pueblos originarios en la zona fronteriza. Informaciones recolectadas por la red Demoinfo/KóaOiko y radios comunitarias confirman que el hecho responde a una ofensiva armada contra las tierras ancestrales del pueblo Avá Guaraní, centrada en las comunidades Tekoha Y’apo y Takuara’i.
Las organizaciones indígenas denunciaron que sus territorios enfrentan constantes invasiones y apropiaciones ilegales por parte de empresas privadas, grandes productores de soja y hacendados brasileños. Estos sectores financian a guardias armados y sicarios para expulsar a las familias, abrir paso a los cultivos mecanizados y sembrar terror en las aldeas.
La vida diaria en Y’apo y Takuara’i está marcada por desalojos forzados, disparos nocturnos, quema de vehículos comunitarios y destrucción de viviendas. Dirigentes locales denunciaron golpizas y torturas físicas. Durante las incursiones más violentas, familias enteras, incluidos niños y ancianos, escapan hacia el monte para resguardarse.
Las violaciones a los derechos humanos en este territorio se arrastran sin sanción judicial. En Takuara’i, los ataques por tierras provocaron desapariciones y el homicidio del estudiante de antropología Isidoro Barrios en 2018, un crimen que la justicia paraguaya mantiene en la impunidad.
Los pobladores señalaron que la impunidad se sostiene por la inacción de las instituciones estatales. La Policía Nacional, el Ministerio Público y el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) desestiman las denuncias y pedidos de auxilio. En varios casos, el sistema judicial criminaliza a los propios defensores de la tierra y emite fallos contradictorios que ignoran los títulos de propiedad, la Constitución paraguaya y los tratados internacionales de derechos indígenas. A esto se suman presiones internas: grupos vinculados al agronegocio imponen contratos ilegales de arrendamiento sojero bajo amenaza o cooptación.
Ante la falta de respuestas oficiales, las comunidades Avá Guaraní sostienen cortes de ruta en la frontera y preparan marchas hacia Asunción. Reclaman la titulación y demarcación definitiva de sus tierras, el reconocimiento de sus personerías jurídicas, la detención de los ejecutores y la destitución de los funcionarios responsables de los operativos violentos, entre ellos el ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid.
La emboscada del 14 de agosto
Los hechos que derivaron en las muertes y detenciones se produjeron de la siguiente manera:
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El engaño previo: El 14 de agosto, mientras la escuela de Tekoha Y’apo festejaba el Día del Niño, Christian Aguayo, abogado vinculado a la Estancia La Americana, citó al líder Antonio Carrillo a la sede de la hacienda con el argumento de dialogar sobre el conflicto de tierras y entregar obsequios escolares.
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El traslado: Carrillo pidió ayuda para movilizarse al profesor Catalino Correa, quien vestía su uniforme docente y aceptó llevarlo en su automóvil particular.
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Tortura y ejecución: Al llegar al lugar pactado, agentes de la Senad interceptaron a ambos en el marco del operativo “Redención”. Testigos y familiares aseguraron que no existió enfrentamiento alguno: los dos sufrieron torturas y fueron ejecutados con armas de fuego. Bruno Correa, padre del docente, denunció que los efectivos le arrancaron los dientes a su hijo y los colocaron dentro de su propia billetera.
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Montaje de la escena: Pobladores indicaron que los uniformados colocaron armas sobre las víctimas para fingir un tiroteo y ubicaron el cuerpo de Carrillo en el asiento del conductor en los registros fotográficos, pese a que el auto era conducido por Correa.
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Desaparición y detención arbitraria: Vecinos que acudieron al sitio tras los disparos fueron amenazados por civiles armados a bordo de una camioneta negra sin matrícula. En la misma incursión, hombres armados desaparecieron a Fulgencio Carrillo, hermano del dirigente asesinado, y sacaron por la fuerza de su cama a Don Bruno López, un anciano enfermo que quedó detenido.
Pronunciamiento de la Iglesia Católica
Ante la gravedad de los hechos, la Conferencia de Religiosas y Religiosos del Paraguay (CONFERPAR) emitió el siguiente comunicado público:
CONFERPAR exige justicia para la comunidad Tekoha Y’apo
Ante los trágicos sucesos ocurridos el pasado 14 de agosto en el distrito de Corpus Christi, que cobraron la vida del líder indígena Antonio Carrillo y del profesor Catalino Correa, la Conferencia de Religiosas y Religiosos del Paraguay (CONFERPAR) emitió un contundente mensaje.
A través de este comunicado, la institución expresa su profundo dolor e indignación, sumándose al clamor de la comunidad que exige la presencia del Estado y una investigación transparente por parte del Ministerio Público.
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