Provo, Utah, Estados Unidos – Douglas Stewart Carter, un hombre afroestadounidense de 71 años, salió de la prisión estatal de Utah la noche del lunes 28 tras pasar más de 41 años recluido y condenado a muerte por un crimen que no cometió. La excarcelación se concretó después de que un peritaje genético demostrara que el material biológico hallado en la escena del asesinato de Eva Olesen, ocurrido en 1985, no le pertenece.
El informe forense, remitido al tribunal el 22 de septiembre, analizó manchas de sangre encontradas en una perilla y restos orgánicos levantados del mango del cuchillo con el que hirieron a la víctima, quien también recibió disparos de arma de fogo. El análisis descartó de forma categórica cualquier vínculo entre Carter y dichas evidencias. Eva Olesen era una mujer blanca y tía del entonces jefe de policía de la ciudad de Provo.
La medida adoptada por los tribunales locales constituye una libertad condicional y no contempla indemnización alguna por las más de cuatro décadas de reclusión. Carter abandonó el recinto penitenciario bajo la obligación de portar un grillete electrónico con monitoreo por GPS mientras espera un nuevo juicio. Al salir del penal junto a su hijo biológico, Tyler Anger, el procesado enfrentó las cámaras de la prensa y afirmó: “Soy inocente”. Anger había sido adoptado durante su infancia y conoció el caso de su padre años después; ahora lo acompañará en una residencia asistida cercana a su familia.
La causa contra Carter comenzó a desmoronarse en 2025, cuando la Corte Suprema de Utah ordenó un nuevo proceso debido a reiterados actos de conducta dolosa cometidos por policías y fiscales. En la investigación original, testigos declararon haber visto a un hombre blanco huir de la vivienda, pero los detectives ocultaron esas pruebas y encubrieron a otros sospechosos, entre ellos el viudo de la víctima, Orla Olesen. Los registros del caso revelan que los fiscales llegaron a redactar cargos formales contra el cónyuge, pero desistieron tras una orden directa de un teniente de la policía de Provo. Luego de esa intervención, los investigadores manipularon las pesquisas para incriminar a Carter.
Al carecer de pruebas materiales, la fiscalía sustentó la acusación en una confesión firmada por Carter a punta de pistola y en el testimonio de una pareja de inmigrantes. En 2011, tras ser localizados en México, ambos testigos admitieron haber mentido ante el juzgado debido a que agentes policiales los sobornaron con dinero y obsequios, además de amenazarlos con deportarlos de inmediato junto a sus hijos si no inculpaban al acusado.
El juez Derek Pullan, a cargo del proceso tras la resolución del tribunal supremo estatal, determinó que los resultados genéticos desvirtúan la tesis de la parte acusadora. Ante este resultado pericial, los fiscales del condado de Utah desistieron de solicitar la pena capital en el nuevo juicio, previsto preliminarmente para 2027. Su abogado defensor, Neal Hamilton, criticó la falta de notificación oportuna de los resultados mientras Carter permanecía en régimen de aislamiento y remarcó el impacto psicológico del encierro: “Sale en libertad con 41 años de trauma institucional inducido por el Estado, y las secuelas que esto tendrá en él son indiscutibles”.
El caso evidencia el sesgo racial del sistema penal estadounidense. De acuerdo con datos del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, las personas afroestadounidenses tienen 7,5 veces más probabilidades de sufrir condenas injustas por homicidio que las personas blancas, brecha que se agrava cuando la víctima es blanca. Desde 1973, más de 200 acusados han salido exonerados del corredor de la muerte en el país; la gran mayoría son afroestadounidenses, grupo que apenas representa el 13,5% de la población nacional. El tiempo que Carter pasó en prisión se aproxima a los registros de Charles Ray Finch —liberado en 2019 a los 81 años, tras 43 años de encierro por ruedas de reconocimiento forzadas y peritajes adulterados— y de Gary Tyler, recluido durante 42 años en la penitenciaría de Angola, en Luisiana, tras ser condenado a muerte a los 17 años por un jurado integrado exclusivamente por personas blancas en un contexto de tensión racial escolar.
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