Washington, D.C. – El gobierno de Donald Trump acudió a la Corte Suprema de Estados Unidos con una petición de emergencia para prohibir de forma inmediata el acceso a cirugías y terapias hormonales a reclusos trans bajo custodia en las prisiones federales del país. La Casa Blanca busca tumbar los fallos judiciales de instancias inferiores que frenaron la aplicación de esta nueva directiva carcelaria.
La norma, elaborada por el Buró de Prisiones (Bureau of Prisons), comenzó a aplicarse en los primeros días del mandato de Trump y debió reformularse tras una serie inicial de demandas en los tribunales. El reglamento oficial fija que las personas privadas de la libertad diagnosticadas con disforia de género únicamente conservarán el derecho a recibir atención psiquiátrica y sesiones de psicoterapia. La medida veta de manera expresa las operaciones quirúrgicas, la reposición hormonal y lo que el organismo clasifica como “adaptaciones sociales” en el ambiente de reclusión.
La ofensiva legal llega a una Corte Suprema de mayoría conservadora, en un contexto marcado por sucesivos reveses judiciales para los derechos de la comunidad LGBTQ estadounidense. En años recientes, distintos fallos avalaron que los estados prohíban la atención médica de afirmación de género en menores de edad e impidan a atletas trans participar en ligas deportivas femeninas en las escuelas.
Los ataques contra los derechos de las personas trans constituyeron la base de la campaña de Trump en 2024. Ya en el gobierno, y con respaldo del tribunal supremo, la administración prohibió a personas trans servir en las Fuerzas Armadas e impuso que los pasaportes registren exclusivamente el sexo biológico.
En su solicitud de medida cautelar urgente, el Departamento de Justicia sostuvo ante los jueces que “el interés público supera sustancialmente cualquier daño irreparable a los recurridos”. La dependencia gubernamental argumentó que la pauta ofrece un trato adecuado e individualizado, bloqueando solo aquellas prácticas que el Poder Ejecutivo califica como clínicamente prescindibles.
Antes de llegar al máximo tribunal, la política sumó derrotas en Washington. Tanto un juzgado de primera instancia como la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia suspendieron su ejecución. Los magistrados de apelación consideraron arbitraria la directriz y señalaron que el Buró de Prisiones ignoró su propio historial médico brindado bajo la gestión anterior.
El caso avanza por vía rápida y tendrá resolución en las próximas semanas. El pedido forma parte de un paquete de recursos urgentes enviados por la Casa Blanca a la Corte Suprema, que también revisa un plan para expulsar migrantes hacia terceros países sin analizar antes riesgos a sus derechos humanos, junto a reclamos sobre votos por correo, obras en el salón de baile gubernamental y controles de ciudadanía en el padrón electoral.
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