Humahuaca, Jujuy – Un violento operativo policial ejecutado por orden judicial dejó personas heridas, al menos ocho detenidos y denuncias de graves violaciones a los derechos territoriales originarios en la Comunidad Indígena Santa Rosa, en el municipio de Humahuaca, provincia de Jujuy. La medida, dictada por el juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Juan Pablo Calderón, provocó además el desalojo de familias de sus viviendas ancestrales y la desaparición de una mujer tras la intervención de las fuerzas de seguridad. Las familias afectadas responsabilizan también a la jueza de Paz Fabiola Salas por ignorar las garantías legales sobre los territorios indígenas.
Según las denuncias presentadas por líderes e integrantes de la zona, la orden de restitución de la propiedad se basó en documentación técnica con fallas oficiales. Enrique Farfán, presidente de la comunidad vecina de Chocoya, explicó que el conflicto derivó de un error en el trazado de los planos cartográficos realizado por la administración provincial. “La Dirección de Inmuebles reconoció que el plano está mal hecho”, afirmó Farfán. El dirigente detalló que la vivienda de la familia Soruco —miembro de la Comunidad Santa Rosa— fue ubicada de manera incorrecta en la documentación catastral utilizada por el juez Calderón para justificar el procedimiento.
La Comunidad Indígena Santa Rosa posee personería jurídica formal y legalmente reconocida por las autoridades. Quienes integran el asentamiento denuncian que se vulneraron sus derechos colectivos sobre el territorio mediante una medida arbitraria sustentada en datos oficiales erróneos. Ante el despliegue de los efectivos policiales, la comunidad emitió un llamamiento urgente a otras organizaciones sociales, vecinos y pueblos originarios de la región para movilizarse, visibilizar la situación y resistir la medida represiva.
Durante la irrupción de la fuerza pública se registraron escenas de alto impacto social y material. Relatos de testigos documentaron a ancianas llorando ante el derrumbe y la pérdida de sus hogares, familias divididas e incomunicadas, y un clima de absoluta indefensión. “Con la tristeza en el alma, dejaron a toda esta comunidad desalojada”, relató una de las personas que acompañó a las familias durante el operativo.
Al concluir el desalojo, voceros de la comunidad confirmaron que las fuerzas policiales arrestaron al menos a ocho personas: tres mujeres y cinco hombres. La organización comunitaria continúa con el relevamiento de datos para precisar la nómina completa de afectados. Frente a este escenario, familiares y comuneros se concentraron ante la Seccional 15 de Humahuaca para exigir información oficial y la liberación inmediata de los aprehendidos.
La situación se agravó con la denuncia por la desaparición de una mujer tras el procedimiento. La Policía de Jujuy sostuvo que la ciudadana no se encuentra en custodia en sus dependencias, lo que impulsó a familiares y organismos de derechos humanos a coordinar rastreos de emergencia para dar con su paradero y resguardar su integridad física.
En búsqueda de respuestas institucionales, un grupo de mujeres y representantes comunitarios se trasladó hasta la localidad vecina de Purmamarca. Allí se presentaron en la sede de la Gendarmería Nacional para asentar las denuncias formales por los abusos e irregularidades cometidos durante la acción policial en Humahuaca, donde aguardan el avance de las actuaciones judiciales y administrativas.
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