En medio de la protesta, la degradación de esta, las violaciones a los derechos humanos, aparece el retiro de la reforma tributaria que rebosó la copa de la indignación en Colombia y empiezan las búsquedas de una ruta para el consenso, de los acuerdos, de los espacios para escuchar. No puede ser otra la vía por ahora, además de encontrar dentro de las muchas propuestas que se han hecho, un texto técnico sensato que permita solventar las principales necesidades económicas por las que atraviesa el país. Pero ese no es el fondo. Y el fondo requiere visibilizarse o de lo contrario, como las violencias que se reciclan, el estallido no va a parar.
“Que somos gente de bien”, dijo el presidente Iván Duque en una alocución en el séptimo día de protestas en Colombia, cuando muchas ciudades están sin comunicación entre sí, desabastecidas de alimentos y oxígeno, por los bloqueos de los indignados de diversos sectores. No es fácil saber a qué se refiere. Pues la llamada gente de bien reconoce sus faltas, castiga a quien viola los derechos de los otros y no los aplaude.
Voy por partes, porque en este mar de violencias de uno y otro lado, hay varias explicaciones a lo que nos está pasando y consecuencias. Una de esas, es que el uribismo está al frente de sus últimas horas. El golpe a su permanencia en el escenario electoral se lo está dando la calle. El presidente de la República no cree que sea la gente de bien, que tiene hambre o necesidades, la que les está hablando, sino una violencia que se escuda en justificaciones políticas, sin decir quiénes son, porque sus frases son incompletas o porque teme señalar culpables pues no sabe siquiera quiénes son los violentos a los que se refiere. Y si lo sabe, prefiere hablar por los lados y no de frente.
Y es importante decir que está equivocado, porque de su aproximación dependen las verdaderas soluciones. La protesta es contra su gobierno y es un cobro de cuentas cocinado a fuego lento ante la decisión de burlar la paz territorial, ante el discurso del Centro Democrático de confrontación, de ese partido que niega a las víctimas de las violencias pasadas y presentes, y que ha hecho una construcción política para evitar desde siempre la distribución de la tierra, que ni siquiera pudieron conservar sus financiadores de entonces, porque ahora está bajo el control de otras bandas criminales del narcotráfico.
Y por eso su discurso político pretende meter en la misma red, en la misma bolsa, a los anarquistas y a grupos violentos con los taxistas, comerciantes, estudiantes o camioneros, esos sí gente de bien. Diferenciar los móviles implicaría reconocer que esta nueva protesta nació después del asesinato de Javier Ordóñez en septiembre pasado por parte de un policía, y que la reforma a la institución no se hizo. Es reconocer que no hay gobierno ni conciencia para entender que llegaron a gobernar un país que estaba en un quiebre profundo, luego del acuerdo de paz con las FARC y necesitaba de un liderazgo mayor para sanar las heridas.
La CIDH ha dejado claro cuáles son las obligaciones internacionales del estado sobre seguridad interna y estándares interamericanos que disponen las tareas de las fuerzas armadas. Debe ser extraordinaria, regulada, fiscalizada y subordinada. No es menor que las Naciones Unidas, el departamento de Estado, los congresistas estadounidenses y la Unión Europea, en un solo día se expresen sobre lo que han calificado como brutal y excesivo en el manejo de la protesta. Precisamente porque hay un término que se llama proporcionalidad, que deberían tener claro las autoridades llamadas a responder desde la institucionalidad.
¿Y por qué es importante poner los puntos sobre las íes en este momento? Porque si desde las salas de redacción, que ahora son nuestras casas por la pandemia, nos dedicamos a reportar jóvenes asesinados por policías, sin descubrir las caras, las identidades de los violadores de derechos humanos, no habremos hecho nada.
Si no somos capaces de decir asimismo que en la violencia con armas largas hay una amalgama de saqueadores, milicias del ELN, y de las disidencias y de otras delincuencias del tráfico de armas y el narcotráfico, pero no exigimos a quienes eso denuncian, la evidencia, estamos alimentando la narrativa del ministro de defensa, según la cual todo es un complot político criminal. Lo que nos corresponde es cuestionarlo por los abusos de los hombres a su cargo, y las razones por las cuales esas delincuencias son capaces de desestabilizarlo todo sin que las fuerzas del orden puedan evitarlo.
Las voces que se ofrecen a servir en momentos de crisis, muchas de las cuales, también contribuyeron a ella, no están entendiendo que Colombia tiene una realidad muy compleja en este momento, resultado, como le escuché a la periodista María Alejandra Villamizar, “de una democracia maquillada en un país que, como muchos otros en América Latina, no da respuesta real a los problemas de la gente, dónde no se hace poca política, política real”. No es sino mirar a El Salvador de Nayib Bukele.
Y si el mensaje no ha sido entendido por el uribismo, que además en sus bases más radicales terminaron por no rodear a su propio presidente y a develar sus incapacidades, el Congreso y su escaso trabajo por la gente con contadas excepciones, y las cortes cooptadas por los gobiernos de turno, y los partidos políticos incluyendo a la Colombia Humana y su nueva permisividad al clientelismo, los de Cambio Radical, los liberales y todos los variopintos matices, tendrán que entender que el país está incendiado por todos ellos, también.
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Esos espacios anunciados por Iván Duque para escuchar a la ciudadanía resultan un escenario abstracto, si no es con las organizaciones sociales, con los líderes sociales. Y eso parte de reconocerlos como interlocutores, como gente de bien. No puede seguir ofreciendo un país con un futuro, si no es capaz de reconocer el pasado, el conflicto, y si no sale de su presente autista, porque lo que sí es seguro es que por lo menos para el uribismo, las oportunidades en Colombia se acabaron. Tampoco pueden los partidos de la llamada Coalición de la Esperanza, condicionar los diálogos cuando de estos mismos debe salir un mínimo de acuerdos humanitarios para que el oxígeno llegue a los hospitales donde cada día casi 500 colombianos siguen muriendo de Covid. No es tiempo de condicionamientos ni plazos.
A nosotros no nos pidan más indiferencia. Son ustedes, gobierno, los que deben lograr la calma, mientras nosotros investigamos por qué la inacción del Estado, quiénes son los vándalos, a quién le sirve lo que está pasando, cómo podemos responder con la verdad a una información que le sirva a la gente en medio de este dolor de patria.
