Misiones, Argentina \u2013<\/b> La comunidad Mbya Guaran\u00ed Puente Quemado II<\/b> enfrenta meses de persecuci\u00f3n judicial, detenciones y expulsiones forzadas de su territorio ancestral. La superficie en conflicto cuenta con reconocimiento formal del Estado argentino mediante el relevamiento t\u00e9cnico de la Ley Nacional 26.160; sin embargo, el Poder Ejecutivo mantiene la falta de entrega de los t\u00edtulos de propiedad comunitaria. El conflicto escal\u00f3 tras la denuncia por supuesta usurpaci\u00f3n presentada por el empresario maderero Alfredo Ruff, lo que desat\u00f3 la detenci\u00f3n de integrantes de la comunidad y un operativo violento de desalojo ejecutado por la Polic\u00eda de Misiones.<\/p>\n
La defensa legal de Puente Quemado II impugn\u00f3 el desalojo ante la justicia por irregularidades procesales y por vulnerar garant\u00edas territoriales consagradas en la Constituci\u00f3n Nacional de Argentina y en el Convenio 169 de la Organizaci\u00f3n Internacional del Trabajo (OIT). Ante la falta de respuestas institucionales y judiciales, las familias organizaron una recuperaci\u00f3n pac\u00edfica de las tierras de las que fueron expulsadas. A partir de esa acci\u00f3n, el sector empresarial y las fuerzas de seguridad incrementaron las amenazas y la criminalizaci\u00f3n contra las familias y los abogados de derechos humanos que asesoran al pueblo originario.<\/p>\n
Las autoridades tradicionales denunciaron que grupos econ\u00f3micos y operadores judiciales intentan instalar una narrativa que reduce el conflicto a un litigio ordinario entre supuestos “propietarios leg\u00edtimos” e “invasores”. Seg\u00fan expusieron los voceros ind\u00edgenas, calificar el reclamo como “usurpaci\u00f3n” constituye una maniobra para desconocer los derechos preexistentes de los pueblos originarios y avalar el despojo territorial.<\/p>\n
Los representantes comunitarios explicaron que el relevamiento de la Ley 26.160 no invent\u00f3 sus derechos, sino que constat\u00f3 una posesi\u00f3n ancestral resguardada por tratados internacionales y leyes nacionales. La comunidad sostuvo que este relevamiento t\u00e9cnico era el paso previo que el Estado deb\u00eda completar con la escrituraci\u00f3n comunitaria definitiva. La omisi\u00f3n administrativa estatal, sostuvieron, no puede ser utilizada por jueces o polic\u00edas para desproteger a las familias y favorecer intereses madereros privados.<\/p>\n
Mediante un pronunciamiento p\u00fablico, el pueblo Mbya Guaran\u00ed exigi\u00f3 al gobierno provincial de Misiones medidas inmediatas para garantizar la integridad f\u00edsica de las familias y de los equipos jur\u00eddicos. Reclamaron el cese de las causas penales, respeto a la Constituci\u00f3n y convocaron a organizaciones sociales, de derechos humanos y comunidades fronterizas a tejer redes de solidaridad activa. Las autoridades ind\u00edgenas se\u00f1alaron que mantendr\u00e1n la autonom\u00eda en la conducci\u00f3n de sus decisiones territoriales y advirtieron que no abandonar\u00e1n su territorio ancestral.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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