{"id":65928,"date":"2026-07-13T10:16:27","date_gmt":"2026-07-13T13:16:27","guid":{"rendered":"https:\/\/fronteiralivre.com.br\/es\/?p=65928"},"modified":"2026-07-13T14:57:57","modified_gmt":"2026-07-13T17:57:57","slug":"la-justicia-selectiva-el-mayor-desafio-de-la-democracia-paraguaya","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fronteiralivre.com.br\/es\/la-justicia-selectiva-el-mayor-desafio-de-la-democracia-paraguaya\/","title":{"rendered":"La justicia selectiva: el mayor desaf\u00edo de la democracia paraguaya"},"content":{"rendered":"

Por Rafael Portillo<\/strong><\/p>\n

La ca\u00edda de la dictadura de Alfredo Stroessner en 1989 abri\u00f3 para Paraguay una oportunidad hist\u00f3rica: construir un Estado de derecho donde la justicia dejara de responder a los intereses del poder y asumiera plenamente su funci\u00f3n de garantizar la igualdad ante la ley. La transici\u00f3n democr\u00e1tica promet\u00eda sustituir un aparato judicial moldeado por el autoritarismo por instituciones independientes, capaces de investigar los delitos, proteger los derechos fundamentales y someter a todos los ciudadanos al mismo marco jur\u00eddico.<\/p>\n

Treinta y cinco a\u00f1os despu\u00e9s, esa promesa contin\u00faa siendo una tarea inconclusa.<\/p>\n

Aunque el pa\u00eds consolid\u00f3 las bases formales de una democracia constitucional, buena parte de la estructura judicial heredada del stronismo sobrevivi\u00f3 con cambios m\u00e1s administrativos que pol\u00edticos. Las reformas impulsadas durante la d\u00e9cada de 1990 redefinieron competencias, incorporaron nuevos mecanismos institucionales y buscaron fortalecer la autonom\u00eda de los poderes del Estado. Sin embargo, no lograron romper completamente los v\u00ednculos que hist\u00f3ricamente conectaron al sistema de justicia con los intereses de la dirigencia pol\u00edtica.<\/p>\n

La conformaci\u00f3n de la Corte Suprema de Justicia refleja esa realidad. Sus ministros son designados a partir de ternas elaboradas por el Consejo de la Magistratura, \u00f3rgano integrado por representantes de la comunidad jur\u00eddica, universidades, Poder Ejecutivo, Senado, C\u00e1mara de Diputados y de la propia Corte. Ese mismo consejo participa en la selecci\u00f3n de magistrados, defensores p\u00fablicos y candidatos a la Fiscal\u00eda General del Estado. Aunque el procedimiento responde al dise\u00f1o constitucional, las decisiones finales contin\u00faan dependiendo, en gran medida, de acuerdos pol\u00edticos que condicionan la independencia institucional.<\/p>\n

La autonom\u00eda judicial no comienza cuando un magistrado asume el cargo. Se pone en juego desde el momento en que se define qui\u00e9n administrar\u00e1 justicia y bajo qu\u00e9 relaciones de poder accede a esa responsabilidad.<\/p>\n

Sin embargo, reducir el problema a los mecanismos de nombramiento ser\u00eda insuficiente. La principal debilidad del sistema judicial paraguayo reside en la persistencia de una cultura institucional donde el clientelismo, la impunidad y la selectividad contin\u00faan erosionando la confianza ciudadana.<\/p>\n

Existe, adem\u00e1s, una deuda que la democracia a\u00fan no ha logrado saldar. Paraguay sigue sin investigar y juzgar con la profundidad que exige el derecho internacional a los principales responsables de los cr\u00edmenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura stronista. La ausencia de justicia frente al pasado no constituye \u00fanicamente una deuda con las v\u00edctimas. Tambi\u00e9n proyecta sus efectos sobre el presente, debilitando la legitimidad de unas instituciones que todav\u00eda no han demostrado su capacidad para romper definitivamente con la herencia autoritaria.<\/p>\n

Una Fiscal\u00eda cuestionada desde su funcionamiento<\/h2>\n

Las controversias que marcaron las \u00faltimas administraciones de la Fiscal\u00eda General del Estado revelan un problema que trasciende a quienes ocuparon el cargo.<\/p>\n

Uno de los fiscales generales fue procesado por enriquecimiento il\u00edcito y actualmente enfrenta el proceso en libertad mediante medidas alternativas a la prisi\u00f3n. Su sucesora concluy\u00f3 su mandato despu\u00e9s del asesinato de un agente fiscal vinculado a investigaciones sobre crimen organizado y abandon\u00f3 la instituci\u00f3n sin consecuencias administrativas relevantes, siendo posteriormente exonerada de responsabilidades internas.<\/p>\n

Estos episodios fortalecieron una percepci\u00f3n ampliamente instalada en la sociedad paraguaya: la principal crisis de la Fiscal\u00eda no responde a nombres propios, sino al funcionamiento de una estructura cuya independencia contin\u00faa siendo objeto de serios cuestionamientos.<\/p>\n

Diversos sectores sociales sostienen que la actuaci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico responde con frecuencia a criterios selectivos. Mientras determinadas investigaciones avanzan con rapidez cuando afectan a dirigentes sociales o actores pol\u00edticos enfrentados a los sectores tradicionales del poder, otras causas vinculadas con grandes esquemas de corrupci\u00f3n permanecen paralizadas durante a\u00f1os o terminan extingui\u00e9ndose entre recursos procesales, dilaciones y prescripciones.<\/p>\n

La consecuencia m\u00e1s grave de esa percepci\u00f3n no es \u00fanicamente la p\u00e9rdida de credibilidad institucional. Tambi\u00e9n alimenta la idea de que la justicia deja de actuar como garant\u00eda de igualdad para convertirse, en determinados casos, en un instrumento funcional a las disputas por el poder pol\u00edtico.<\/p>\n

La percepci\u00f3n de selectividad se vuelve a\u00fan m\u00e1s evidente cuando se observan los conflictos sociales. Organizaciones campesinas, comunidades ind\u00edgenas y movimientos populares denuncian desde hace a\u00f1os que el aparato penal ha sido utilizado para criminalizar la protesta y desarticular liderazgos sociales, mientras numerosas investigaciones relacionadas con redes de corrupci\u00f3n pol\u00edtica y econ\u00f3mica avanzan con una lentitud dif\u00edcil de justificar.<\/p>\n

El caso Curuguaty constituye uno de los ejemplos m\u00e1s emblem\u00e1ticos de ese debate. Tras la masacre ocurrida en 2012, la investigaci\u00f3n concentr\u00f3 sus esfuerzos en responsabilizar a campesinos pobres, construyendo una narrativa que los vincul\u00f3 con organizaciones criminales y relegando interrogantes fundamentales sobre la actuaci\u00f3n de las fuerzas estatales durante el operativo. Con el paso de los a\u00f1os, ese proceso fue objeto de crecientes cuestionamientos jur\u00eddicos y pol\u00edticos, hasta llegar a la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos, donde las v\u00edctimas solicitaron reparaci\u00f3n internacional.<\/p>\n

La misma percepci\u00f3n de selectividad aparece en investigaciones vinculadas con corrupci\u00f3n de gran escala. El caso Metrobus suele citarse como uno de los ejemplos m\u00e1s ilustrativos de expedientes que se prolongan indefinidamente hasta acercarse a la prescripci\u00f3n, reforzando la sensaci\u00f3n de que la capacidad de respuesta del sistema judicial var\u00eda seg\u00fan el peso pol\u00edtico o econ\u00f3mico de los involucrados.<\/p>\n

En sentido contrario, cuando emergen dirigentes con capacidad para alterar el equilibrio tradicional del poder, las acciones judiciales parecen intensificarse. Esa din\u00e1mica aliment\u00f3 el debate sobre el lawfare<\/em>: la utilizaci\u00f3n estrat\u00e9gica de instrumentos jur\u00eddicos para desgastar adversarios pol\u00edticos bajo una apariencia de legalidad.<\/p>\n

El caso Miguel Prieto<\/h2>\n

En ese contexto, el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, se convirti\u00f3 en uno de los principales referentes de la discusi\u00f3n sobre la judicializaci\u00f3n de la pol\u00edtica en Paraguay.<\/p>\n

A medida que aument\u00f3 su proyecci\u00f3n nacional y comenz\u00f3 a perfilarse como una de las figuras con mayores posibilidades de disputar las elecciones generales de 2028, tambi\u00e9n creci\u00f3 el n\u00famero de denuncias promovidas en su contra. Paralelamente, impuls\u00f3 la creaci\u00f3n de un nuevo partido pol\u00edtico con un discurso orientado a la renovaci\u00f3n institucional y al cuestionamiento del modelo tradicional de representaci\u00f3n pol\u00edtica.<\/p>\n

M\u00e1s all\u00e1 de la valoraci\u00f3n que pueda hacerse de su gesti\u00f3n o de sus aspiraciones electorales, la coincidencia entre su crecimiento pol\u00edtico y la intensificaci\u00f3n de las acciones judiciales abri\u00f3 un debate que supera ampliamente su figura. La discusi\u00f3n ya no se limita a establecer responsabilidades individuales, sino que interpela la capacidad del sistema judicial para actuar con independencia frente a las disputas por el poder.<\/p>\n

Prieto sostiene que enfrenta una estructura judicial funcional a los intereses de la \u00e9lite pol\u00edtica y econ\u00f3mica paraguaya. Sus detractores afirman, en cambio, que las investigaciones constituyen el funcionamiento normal de los mecanismos de control previstos por el Estado de derecho. Precisamente porque ambas interpretaciones coexisten en el espacio p\u00fablico, la \u00fanica respuesta capaz de fortalecer la legitimidad institucional debe provenir de una justicia que demuestre, mediante sus propias actuaciones, que aplica los mismos criterios para todos.<\/p>\n

La credibilidad del sistema judicial no depende \u00fanicamente de la legalidad de sus decisiones. Tambi\u00e9n descansa sobre la confianza ciudadana en que ninguna persona ser\u00e1 perseguida por razones pol\u00edticas ni protegida por su posici\u00f3n econ\u00f3mica, su influencia o sus v\u00ednculos con el poder. Cuando esa confianza se deteriora, la justicia deja de ser percibida como garant\u00eda de igualdad y comienza a convertirse en un escenario m\u00e1s de la confrontaci\u00f3n pol\u00edtica.<\/p>\n

Recuperar la independencia de la justicia<\/h2>\n

Fortalecer el Estado de derecho exige mucho m\u00e1s que reemplazar autoridades o modificar procedimientos. Requiere instituciones capaces de actuar con autonom\u00eda frente al poder pol\u00edtico, los intereses econ\u00f3micos y cualquier forma de presi\u00f3n que condicione el ejercicio de la justicia.<\/p>\n

Desde esa perspectiva, el desaf\u00edo paraguayo trasciende los casos individuales. La cuesti\u00f3n de fondo consiste en construir un sistema donde las investigaciones respondan exclusivamente a los hechos y al derecho, y no a las coyunturas pol\u00edticas ni a los equilibrios de poder.<\/p>\n

Ese debate ha reabierto la discusi\u00f3n sobre mecanismos destinados a blindar la administraci\u00f3n de justicia frente a influencias externas. Entre las referencias aparece el principio inspirado en la lex Cincia<\/em>, concebido en el derecho romano para impedir que beneficios econ\u00f3micos o intereses particulares influyeran sobre quienes ejerc\u00edan funciones p\u00fablicas. M\u00e1s all\u00e1 de su origen hist\u00f3rico, la idea conserva plena vigencia: la justicia solo puede cumplir su funci\u00f3n cuando permanece libre de cualquier forma de condicionamiento pol\u00edtico o patrimonial.<\/p>\n

La administraci\u00f3n de justicia constituye un bien p\u00fablico. Su legitimidad depende de que toda persona, independientemente de su posici\u00f3n econ\u00f3mica, de su influencia pol\u00edtica o de su pertenencia partidaria, tenga la certeza de que ser\u00e1 juzgada conforme a los mismos principios.<\/p>\n

En ese contexto, la decisi\u00f3n de Miguel Prieto de someterse a los procedimientos judiciales, aun cuestionando su imparcialidad, adquiere tambi\u00e9n una dimensi\u00f3n pol\u00edtica e institucional. M\u00e1s que un gesto de confianza en el funcionamiento del sistema, representa la decisi\u00f3n de disputar la legitimidad de las instituciones desde el marco del Estado de derecho y no al margen de \u00e9l.<\/p>\n

La referencia al Crit\u00f3n<\/strong>, de S\u00f3crates, sintetiza esa posici\u00f3n. Cuando el fil\u00f3sofo afirma que \u00abes mejor sufrir una injusticia que cometerla\u00bb, no propone la resignaci\u00f3n frente al abuso, sino la defensa de un principio \u00e9tico: la respuesta a una justicia deficiente no puede consistir en abandonar la legalidad, sino en exigir que la ley recupere su verdadera funci\u00f3n.<\/p>\n

Paraguay enfrenta un desaf\u00edo que trasciende el actual escenario pol\u00edtico y las pr\u00f3ximas elecciones. La consolidaci\u00f3n democr\u00e1tica depender\u00e1, en buena medida, de la capacidad para construir un sistema judicial verdaderamente independiente, capaz de investigar con el mismo rigor a quienes detentan poder y a quienes carecen de \u00e9l. Mientras la justicia contin\u00fae operando con criterios selectivos y no logre consolidarse como una garant\u00eda efectiva para toda la ciudadan\u00eda, la transici\u00f3n democr\u00e1tica iniciada en 1989 seguir\u00e1 siendo una promesa inconclusa.<\/p>\n

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Rafael Portillo<\/strong> es soci\u00f3logo por la Universidad Federal de la Integraci\u00f3n Latinoamericana (UNILA).<\/p>\n

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Las opiniones expresadas en este art\u00edculo son de exclusiva responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente la l\u00ednea editorial de <\/em>Frontera Livre Latinoamericana<\/em>. El medio se rige por los principios del pluralismo, la independencia period\u00edstica, el pensamiento cr\u00edtico y el respeto a los derechos humanos.<\/em><\/strong><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

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