{"id":158,"date":"2026-08-07T16:59:53","date_gmt":"2026-08-07T16:59:53","guid":{"rendered":"https:\/\/fronteiralivre.com.br\/es\/ley-maria-da-penha-violencia-de-genero-ciudades-frontera\/"},"modified":"2026-08-07T16:59:53","modified_gmt":"2026-08-07T16:59:53","slug":"ley-maria-da-penha-violencia-de-genero-ciudades-frontera","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fronteiralivre.com.br\/es\/ley-maria-da-penha-violencia-de-genero-ciudades-frontera\/","title":{"rendered":"20 a\u00f1os de la Ley Maria da Penha: enfrentamiento a la violencia contra la mujer en las ciudades de frontera"},"content":{"rendered":"

*Por Danielle Ara\u00fajo<\/i><\/strong><\/p>\n

Hace veinte a\u00f1os se sancion\u00f3, en Brasil, el marco legal m\u00e1s importante para el enfrentamiento y la protecci\u00f3n de las mujeres en situaci\u00f3n de violencia. La Ley Maria da Penha, fruto de la lucha de los movimientos sociales \u2014en especial del movimiento feminista\u2014, inaugura una nueva comprensi\u00f3n jur\u00eddica, pol\u00edtica y social sobre la violencia de g\u00e9nero. M\u00e1s que una ley, representa un cambio de paradigma. Comprenderla exige revisar los par\u00e1metros que estructuraron la sociedad brasile\u00f1a y que, durante siglos, naturalizaron las desigualdades entre hombres y mujeres. Ponerla en pr\u00e1ctica significa romper prejuicios, revisar valores y reconocer a las mujeres como sujetos plenos de derechos, libres de la condici\u00f3n hist\u00f3rica de subordinaci\u00f3n que les fue socialmente impuesta.<\/p>\n

En 2006, cuando la Ley Maria da Penha fue sancionada, la violencia contra la mujer estaba ampliamente naturalizada y se percib\u00eda como un problema que deb\u00eda resolverse entre cuatro paredes. El dicho popular \u201cen pelea de marido y mujer nadie mete la cuchara\u201d funcionaba como escudo del agresor y como autorizaci\u00f3n simb\u00f3lica para el ejercicio de la violencia. Al mismo tiempo que proteg\u00eda al agresor, ese imaginario social desplazaba hacia la v\u00edctima la responsabilidad por la violencia sufrida. La denuncia era frecuentemente interpretada como una afrenta a la familia, y no como un ejercicio de ciudadan\u00eda o de defensa de sus derechos.<\/p>\n

A lo largo de generaciones, innumerables mujeres aprendieron a convivir con la culpa como estrategia de supervivencia. Cedieron en sus deseos, en su autonom\u00eda, en su libertad y, muchas veces, en sus propios proyectos de vida. No hab\u00eda escapatoria. La culpa les era atribuida como condici\u00f3n de existencia. Romper con esa l\u00f3gica significaba enfrentar no solo al agresor, sino tambi\u00e9n la condena social.<\/p>\n

La violencia contra las mujeres se constituy\u00f3, hist\u00f3ricamente, como un mecanismo de dominaci\u00f3n de los cuerpos femeninos, sustentado por argumentos de naturaleza religiosa, moral y jur\u00eddica.<\/p>\n

El pensamiento social produjo, transmiti\u00f3 y reprodujo la violencia como algo natural, inevitable y, a veces, legitimado como expresi\u00f3n de la autoridad masculina o incluso como un mandato divino. Durante siglos, la desigualdad entre hombres y mujeres fue presentada como parte del orden natural de las cosas. Predominaba, de la misma manera, una cultura jur\u00eddica profundamente marcada por el patriarcado. La agresi\u00f3n contra las mujeres era frecuentemente tratada como un conflicto familiar, susceptible de conciliaci\u00f3n, minimizaci\u00f3n o simple tolerancia. El propio sistema de justicia reproduc\u00eda esa l\u00f3gica al aplicar penas leves e incentivar acuerdos entre v\u00edctimas y agresores. La violencia dom\u00e9stica permanec\u00eda invisible a los ojos del Estado porque era comprendida como una cuesti\u00f3n privada, perteneciente al espacio de la familia y no al campo de los derechos humanos.<\/p>\n

Bajo una perspectiva antropol\u00f3gica, la violencia no puede ser comprendida solo como un acto individual. Es producida y legitimada por sistemas simb\u00f3licos, relaciones de poder y estructuras sociales que organizan jerarqu\u00edas entre hombres y mujeres. Es precisamente por eso que el enfrentamiento de la violencia exige no solo sanciones jur\u00eddicas, sino profundas transformaciones culturales.<\/p>\n

Antes de la Ley Maria da Penha, el problema no era la inexistencia de derechos, sino la enorme distancia entre los derechos proclamados y su efectivizaci\u00f3n. La Constituci\u00f3n Federal de 1988, conocida como la Constituci\u00f3n Ciudadana, aseguraba la igualdad entre hombres y mujeres y establec\u00eda el deber del Estado de crear mecanismos para cohibir la violencia en el \u00e1mbito de las relaciones familiares. De la misma forma, la Convenci\u00f3n Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer \u2014la Convenci\u00f3n de Bel\u00e9m do Par\u00e1, ratificada por Brasil en 1994\u2014 reconoc\u00eda la violencia contra las mujeres como una violaci\u00f3n de los derechos humanos. Sin embargo, faltaba una legislaci\u00f3n capaz de transformar esos principios constitucionales y compromisos internacionales en mecanismos concretos de protecci\u00f3n, prevenci\u00f3n y responsabilizaci\u00f3n.<\/p>\n

El hecho es que no exist\u00eda, en el ordenamiento jur\u00eddico brasile\u00f1o, una legislaci\u00f3n que reconociera la especificidad de la violencia sufrida por las mujeres. La violencia permanec\u00eda encubierta por el manto de la moralidad, mientras los homicidios de mujeres eran frecuentemente justificados por los tribunales bajo el argumento de la llamada \u201cdefensa del honor\u201d, expresi\u00f3n m\u00e1xima de la cultura patriarcal que legitimaba el control sobre los cuerpos y sobre la vida de las mujeres.<\/p>\n

Fueron innumerables las Marias que vivieron esa realidad, cargando culpas que jam\u00e1s les pertenecieron. Mujeres silenciadas, invisibilizadas y sometidas a las m\u00e1s diversas formas de violencia. Pero fue Maria da Penha Maia Fernandes quien transform\u00f3 su dolor en una lucha colectiva.<\/p>\n

Despu\u00e9s de sobrevivir a dos intentos de feminicidio cometidos por su marido, qued\u00f3 parapl\u00e9jica y enfrent\u00f3 casi veinte a\u00f1os de impunidad. Su caso se convirti\u00f3 en s\u00edmbolo de la negligencia del Estado brasile\u00f1o ante la violencia dom\u00e9stica.<\/p>\n

Solo en 2001, cuando la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos de la Organizaci\u00f3n de los Estados Americanos conden\u00f3 a Brasil por negligencia, omisi\u00f3n y tolerancia con relaci\u00f3n a la violencia contra las mujeres, el pa\u00eds se vio obligado a reconocer que su legislaci\u00f3n era insuficiente para garantizar una protecci\u00f3n efectiva a las v\u00edctimas. La condena internacional revel\u00f3 lo que miles de mujeres brasile\u00f1as ya sab\u00edan: el Estado fallaba en su deber de proteger.<\/p>\n

En aquel momento, la sociedad brasile\u00f1a parec\u00eda avanzar hacia la construcci\u00f3n de respuestas institucionales capaces de enfrentar desigualdades hist\u00f3ricas. A diferencia del ambiente de intensa polarizaci\u00f3n que caracteriza parte del debate p\u00fablico contempor\u00e1neo, el proyecto de la Ley Maria da Penha fue aprobado por amplia unanimidad en la C\u00e1mara de Diputados y en el Senado Federal, reuniendo a parlamentarios de diferentes orientaciones ideol\u00f3gicas. Ese consenso no eliminaba divergencias sobre otras agendas relacionadas con los derechos de las mujeres, pero expresaba el reconocimiento de que la violencia dom\u00e9stica exig\u00eda una respuesta firme del Estado brasile\u00f1o.<\/p>\n

El car\u00e1cter innovador de la Ley Maria da Penha explica el reconocimiento internacional que recibi\u00f3. La legislaci\u00f3n rompi\u00f3 definitivamente con la comprensi\u00f3n restringida de la violencia f\u00edsica y pas\u00f3 a reconocer cinco formas de violencia contra la mujer: f\u00edsica, psicol\u00f3gica, sexual, patrimonial y moral. Instituy\u00f3 medidas de protecci\u00f3n de urgencia, fortaleci\u00f3 la actuaci\u00f3n integrada entre el Poder Judicial, el Ministerio P\u00fablico, la Defensor\u00eda P\u00fablica, la seguridad p\u00fablica, la asistencia social y la salud, cre\u00f3 mecanismos especializados de atenci\u00f3n a las v\u00edctimas y estableci\u00f3 directrices para pol\u00edticas permanentes de prevenci\u00f3n.<\/p>\n

M\u00e1s que ampliar instrumentos jur\u00eddicos, la Ley Maria da Penha modific\u00f3 la propia comprensi\u00f3n de la violencia. Como observa la historiadora Joan Scott, el g\u00e9nero constituye una categor\u00eda fundamental para comprender la organizaci\u00f3n de las relaciones sociales y de las estructuras de poder. La legislaci\u00f3n brasile\u00f1a incorpor\u00f3 esa perspectiva al reconocer que la violencia dom\u00e9stica no deriva solo de conflictos individuales, sino de relaciones hist\u00f3ricamente construidas de desigualdad entre hombres y mujeres.<\/p>\n

A lo largo de estos veinte a\u00f1os, la Ley Maria da Penha se ha ido fortaleciendo mediante sucesivas modificaciones legislativas y la creaci\u00f3n de nuevas normas destinadas a la protecci\u00f3n de las mujeres. La Ley del Feminicidio, en 2015, reconoci\u00f3 el asesinato de mujeres por razones de la condici\u00f3n del sexo femenino como una forma calificada de homicidio. Posteriormente, nuevas reformas pasaron a tipificar como delito el incumplimiento de las medidas de protecci\u00f3n, reconocieron la violencia psicol\u00f3gica como delito y ampliaron los mecanismos de protecci\u00f3n a las v\u00edctimas. Estos avances demuestran que el enfrentamiento de la violencia de g\u00e9nero exige un perfeccionamiento permanente del ordenamiento jur\u00eddico, teniendo como fin supremo la protecci\u00f3n de la vida, la libertad y la dignidad de las mujeres.<\/p>\n

Sin embargo, la efectividad de la Ley Maria da Penha no depende \u00fanicamente de la existencia de buenas leyes. Exige instituciones fortalecidas, pol\u00edticas p\u00fablicas permanentes y una red de protecci\u00f3n capaz de responder a las especificidades de los diferentes territorios brasile\u00f1os. Cuando esa red falla \u2014ya sea por la demora en la atenci\u00f3n, por la revictimizaci\u00f3n, por la ausencia de servicios especializados o por la falta de articulaci\u00f3n entre las instituciones\u2014 no es solo el Estado el que deja de cumplir con su deber. Es la esperanza de la mujer de ver el derecho transformado en justicia la que se desvanece. La confianza construida para romper el silencio puede ser sustituida por el descr\u00e9dito, el miedo y, muchas veces, el retorno al ciclo de la violencia. El acceso a la justicia, por lo tanto, no se reduce al acceso al Poder Judicial; depende de la capacidad de las instituciones para acoger, proteger, escuchar y responder de manera efectiva a las mujeres que buscan romper con la violencia.<\/p>\n

Aunque la Ley Maria da Penha se enfoca en el enfrentamiento de la violencia dom\u00e9stica y familiar contra la mujer, su efectividad, en las ciudades de frontera, depende de la articulaci\u00f3n con otras pol\u00edticas p\u00fablicas e instrumentos de protecci\u00f3n de los derechos humanos. Esto se debe a que las mujeres que viven en estos territorios frecuentemente enfrentan violencias que trascienden el \u00e1mbito dom\u00e9stico, como la trata de personas, la explotaci\u00f3n sexual, la explotaci\u00f3n laboral, la violencia institucional, la discriminaci\u00f3n contra migrantes y las dificultades de acceso a los servicios p\u00fablicos debido a las barreras ling\u00fc\u00edsticas y documentales. En estas circunstancias, la protecci\u00f3n integral de las mujeres exige una actuaci\u00f3n intersectorial y transfronteriza, capaz de articular la seguridad p\u00fablica, la salud, la asistencia social, la justicia, las pol\u00edticas migratorias y la cooperaci\u00f3n internacional.<\/p>\n

En la triple frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina conviven diferentes nacionalidades, culturas, idiomas y sistemas jur\u00eddicos. Esta diversidad, que constituye una de las mayores riquezas de la regi\u00f3n, tambi\u00e9n desaf\u00eda las pol\u00edticas p\u00fablicas de protecci\u00f3n a las mujeres. Muchas v\u00edctimas desconocen la legislaci\u00f3n brasile\u00f1a, no dominan la lengua portuguesa o encuentran dificultades para acceder a los servicios p\u00fablicos debido a su condici\u00f3n migratoria, documental o econ\u00f3mica. Mujeres migrantes, refugiadas, ind\u00edgenas, trabajadoras informales y aquellas sometidas a relaciones laborales precarias experimentan con frecuencia m\u00faltiples formas de vulnerabilidad.<\/p>\n

Es precisamente por esta raz\u00f3n que el fortalecimiento de la red de protecci\u00f3n en las ciudades de frontera exige una perspectiva intercultural y transnacional. No basta con que existan comisar\u00edas, servicios de salud, asistencia social o atenci\u00f3n jur\u00eddica. Es necesario que estos servicios est\u00e9n preparados para acoger a mujeres provenientes de diferentes pa\u00edses, respetando sus culturas, sus trayectorias y sus lenguas.<\/p>\n

La atenci\u00f3n pluriling\u00fce deja de ser un diferencial para convertirse en una condici\u00f3n indispensable de acceso a la justicia. Garantizar la atenci\u00f3n en portugu\u00e9s, espa\u00f1ol y, siempre que sea posible, en guaran\u00ed y en otras lenguas presentes en el territorio significa reconocer que el derecho solo se concreta cuando puede ser plenamente comprendido por quien lo necesita. El idioma no puede transformarse en una barrera m\u00e1s para mujeres que ya enfrentan la violencia.<\/p>\n

De la misma manera, el enfrentamiento a la violencia en las ciudades de frontera demanda una articulaci\u00f3n permanente entre los diferentes \u00f3rganos p\u00fablicos, universidades, organizaciones de la sociedad civil e instituciones de los pa\u00edses vecinos. La protecci\u00f3n de las mujeres no termina en la l\u00ednea que divide a los Estados nacionales. Por el contrario, exige cooperaci\u00f3n internacional, intercambio de informaci\u00f3n, protocolos integrados de atenci\u00f3n y pol\u00edticas p\u00fablicas capaces de comprender la din\u00e1mica propia de los territorios transfronterizos.<\/p>\n

La prevenci\u00f3n de la violencia comienza mucho antes de la intervenci\u00f3n policial o judicial. Comienza con el conocimiento de los derechos, el fortalecimiento de la autonom\u00eda de las mujeres, la construcci\u00f3n de redes comunitarias de solidaridad y la democratizaci\u00f3n del acceso a la informaci\u00f3n.<\/p>\n

En este escenario, la universidad p\u00fablica asume un rol estrat\u00e9gico. Al producir conocimiento, formar profesionales comprometidos con los derechos humanos y desarrollar proyectos de extensi\u00f3n junto a las comunidades, contribuye a acercar el conocimiento cient\u00edfico a las demandas concretas de la sociedad. En la frontera, esta misi\u00f3n cobra a\u00fan mayor relevancia, pues exige un di\u00e1logo permanente entre diferentes culturas, idiomas y experiencias sociales.<\/p>\n

El Proyecto de Extensi\u00f3n Promotoras Legales Populares de la Frontera, desarrollado por la Universidad Federal de la Integraci\u00f3n Latinoamericana, se inserta exactamente en esa perspectiva. Inspirado en una metodolog\u00eda consolidada en diferentes pa\u00edses de Am\u00e9rica Latina, el proyecto comprende que el acceso a la justicia no depende exclusivamente del sistema judicial, sino tambi\u00e9n de la capacidad de las propias comunidades para reconocer derechos, orientar a las mujeres, fortalecer v\u00ednculos colectivos y construir estrategias locales de enfrentamiento a las diversas formas de violencia.<\/p>\n

Al formar a las mujeres como multiplicadoras de derechos humanos, las Promotoras Legales Populares de la Frontera acercan la Ley Maria da Penha a la vida cotidiana. Transforman la informaci\u00f3n en emancipaci\u00f3n, el conocimiento en ciudadan\u00eda y la solidaridad en protecci\u00f3n colectiva. En regiones marcadas por la diversidad cultural y ling\u00fc\u00edstica, desempe\u00f1an un papel a\u00fan m\u00e1s relevante: se convierten en puentes entre las comunidades y las instituciones p\u00fablicas, contribuyendo a reducir las barreras de acceso a la justicia y a fortalecer la confianza en la red de protecci\u00f3n.<\/p>\n

___<\/p>\n

Danielle Ara\u00fajo es antrop\u00f3loga y docente de la Universidad Federal de la Integraci\u00f3n Latinoamericana \u2013 UNILA. Coordinadora del Proyecto de Extensi\u00f3n Empodera Mujeres Latinoamericanas y del Proyecto de Extensi\u00f3n Promotoras Legales Populares de la Frontera.<\/i><\/p>\n

___<\/p>\n

Las opiniones expresadas en este art\u00edculo son de exclusiva responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente la l\u00ednea editorial de\u00a0<\/em>Frontera Livre Latinoamericana<\/em>. El medio se rige por los principios del pluralismo, la independencia period\u00edstica, el pensamiento cr\u00edtico y el respeto a los derechos humanos.<\/em><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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