El mandatario ultraderechista Jos\u00e9 Antonio Kast rompi\u00f3 la tradici\u00f3n sostenida desde el fin de la dictadura en 1990 y se convirti\u00f3 en el primer presidente chileno en ignorar oficialmente el golpe de 1973. En vez de encabezar los actos de memoria en el Palacio de La Moneda a 53 a\u00f1os del derrocamiento y muerte de Salvador Allende, Kast viaj\u00f3 al sur del pa\u00eds para cumplir agenda en la regi\u00f3n de Los R\u00edos. Su ausencia desat\u00f3 protestas en las calles y el repudio frontal de la oposici\u00f3n en el Congreso.<\/p>\n\n\n\n
Frente al silencio del gobierno, sindicatos, agrupaciones estudiantiles y colectivos de derechos humanos marcharon por las calles de Santiago y Antofagasta. El domingo 6 de septiembre, una romer\u00eda que avanzaba hacia el mausoleo de Allende en el Cementerio General termin\u00f3 disuelta con carros lanzagua y gases lacrim\u00f3genos por efectivos de Carabineros.<\/p>\n\n\n\n
La jefa de la bancada del Partido Comunista en la C\u00e1mara de Diputadas y Diputados, Daniela Serrano, repudi\u00f3 la postura del gobernante: “Creemos que esto env\u00eda un mensaje terrible del presidente de la Rep\u00fablica. Estas conmemoraciones representan una oportunidad crucial para que el Estado chileno reafirme su compromiso con la b\u00fasqueda de la verdad, la justicia y con garant\u00edas de no repetici\u00f3n”, afirm\u00f3 la legisladora.<\/p>\n\n\n\n
Ruptura del consenso democr\u00e1tico<\/strong><\/p>\n\n\n\n Desde el retorno a la democracia, los gobernantes chilenos encabezaron ceremonias institucionales en homenaje a las v\u00edctimas de la represi\u00f3n militar. En la d\u00e9cada de 1990, Patricio Aylwin despidi\u00f3 a Salvador Allende con funerales de Estado. A\u00f1os despu\u00e9s, Michelle Bachelet, sobreviviente de torturas durante el r\u00e9gimen, convirti\u00f3 la fecha en una demanda constante por verdad y justicia penal. De igual forma, el presidente de centroderecha Sebasti\u00e1n Pi\u00f1era condujo actos en defensa de las instituciones republicanas, mientras que en 2023 Gabriel Boric convoc\u00f3 a exmandatarios en La Moneda para firmar la declaraci\u00f3n conjunta “Compromiso por la Democracia”.<\/p>\n\n\n\n La omisi\u00f3n de Kast refleja sus nexos directos con la dictadura militar que gobern\u00f3 entre 1973 y 1990. En 1988, el actual presidente milit\u00f3 y promovi\u00f3 activamente la campa\u00f1a del plebiscito para sostener a Augusto Pinochet en el poder. Adem\u00e1s, su hermano Miguel Kast presidi\u00f3 el Banco Central y dirigi\u00f3 ministerios clave durante el r\u00e9gimen de facto.<\/p>\n\n\n\n Tras asumir el mando a inicios de 2025, Kast integr\u00f3 en su gabinete a figuras que ejercieron la defensa legal del dictador: Fernando Rabat encabeza el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos luego de actuar como defensor de Pinochet en el caso de la Operaci\u00f3n Colombo \u2014montaje para encubrir el asesinato de 119 personas\u2014, mientras que Fernando Barros, quien fue abogado y vocero del militar chileno durante su detenci\u00f3n en Londres, est\u00e1 al frente del Ministerio de Defensa.<\/p>\n\n\n\n El historiador y editor general del medio chileno Interferencia, Andr\u00e9s Almeida, explic\u00f3 los alcances de la decisi\u00f3n presidencial: “Kast fue electo a pesar de que todos conoc\u00edan su pasado y, de alguna manera, el desenlace ocurri\u00f3 justamente en las urnas. Es una consecuencia directa de haber aceptado a un gobernante de esta naturaleza”.<\/p>\n\n\n\n Negacionismo y facultades de excepci\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n Sectores de ultraderecha con representaci\u00f3n parlamentaria impulsan en paralelo proyectos de corte revisionista. El diputado Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario, present\u00f3 una iniciativa legislativa para crear el denominado “Museo de la Verdad”, con el fin de contrarrestar el trabajo del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Santiago. La bancada sostiene que la Unidad Popular encabezada por Allende gener\u00f3 inestabilidad social y que el relato actual excluye a los sectores civiles contrarios a su administraci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n A la disputa hist\u00f3rica se suma la tramitaci\u00f3n impulsada por el Ejecutivo de una reforma integral en seguridad p\u00fablica. La propuesta otorga atribuciones para decretar estados de excepci\u00f3n constitucional prolongados sin necesidad de votaci\u00f3n en el Congreso, argumentando la contenci\u00f3n del crimen organizado. Almeida advirti\u00f3 que la medida configura “b\u00e1sicamente una dictadura legal” que deja abierta la puerta a la persecuci\u00f3n de organizaciones opositoras. En esa misma l\u00ednea, el periodista y fundador de Telesur, Carlos Alberto Almeida, catalog\u00f3 la iniciativa como una “pol\u00edtica de terror” orientada a criminalizar la protesta estudiantil y la organizaci\u00f3n barrial.<\/p>\n\n\n\n El terrorismo de Estado y la Operaci\u00f3n C\u00f3ndor<\/strong><\/p>\n\n\n\n El ataque a\u00e9reo y terrestre al Palacio de La Moneda el 11 de septiembre de 1973 dio paso a una pol\u00edtica de exterminio regional respaldada por el gobierno de Estados Unidos. Informes oficiales elaborados por el Estado chileno certifican m\u00e1s de 3.200 personas ejecutadas y desaparecidas, cerca de 40.000 v\u00edctimas de prisi\u00f3n pol\u00edtica y tortura, y alrededor de 200.000 ciudadanos forzados al exilio. Colectivos de familiares estiman que los damnificados directos superan los 100.000.<\/p>\n\n\n\n En 1975, mandos de las fuerzas armadas del Cono Sur se reunieron en Santiago para institucionalizar la Operaci\u00f3n C\u00f3ndor. El operativo clandestino coordin\u00f3 a los reg\u00edmenes militares de Chile, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia para secuestrar y asesinar militantes de izquierda a escala transfronteriza. La red represiva dej\u00f3 un saldo continental de 50.000 personas asesinadas, 30.000 detenidos desaparecidos y 400.000 encarcelados por razones pol\u00edticas. Dentro de este esquema, el informe de la Comisi\u00f3n Nacional de la Verdad de Brasil document\u00f3 434 muertos y desaparecidos bajo la dictadura de 1964 a 1985, mientras que en Argentina el terror estatal caus\u00f3 la desaparici\u00f3n de unas 30.000 personas entre 1976 y 1983.<\/p>\n\n\n\n El aparato pinochetista sistematiz\u00f3 la desaparici\u00f3n forzada, el uso de recintos p\u00fablicos como el Estadio Nacional para interrogatorios con tormentos y la desaparici\u00f3n de cuerpos arrojados al mar o enterrados en fosas clandestinas. Las medidas econ\u00f3micas de desregulaci\u00f3n adoptadas en ese per\u00edodo arrojaron un desempleo promedio del 14% entre 1975 y 1981, junto con un desplome del 75% en el poder adquisitivo de los salarios. Durante los 17 a\u00f1os de r\u00e9gimen de facto, el PIB per c\u00e1pita creci\u00f3 a una media anual del 1,74%, una cifra menor al 2% anual anotado en los 16 a\u00f1os previos al golpe y muy por debajo del 4,3% alcanzado en los 16 a\u00f1os posteriores al fin de la dictadura.<\/p>\n\n\n\n La fecha coincide cada a\u00f1o con el recuerdo de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington, donde murieron cerca de tres mil personas. Sin embargo, mientras el aniversario de las torres ca\u00eddas genera cobertura global permanente, las decenas de miles de v\u00edctimas de la violencia estatal en Am\u00e9rica Latina siguen enfrentando el borrado sistem\u00e1tico por parte de gobernantes en funciones.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Santiago, Chile \u2013 El presidente de Chile, Jos\u00e9 Antonio Kast, rompi\u00f3 la tradici\u00f3n republicana sostenida desde el fin de la dictadura militar en 1990 y se convirti\u00f3 en el primer mandatario en ignorar de forma oficial el golpe de 1973 en Chile. En lugar de convocar a los actos de memoria en el Palacio de La Moneda al cumplirse 53 a\u00f1os del derrocamiento y muerte del presidente electo Salvador Allende, Kast viaj\u00f3 para atender actividades en la regi\u00f3n de Los R\u00edos. 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